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El gremio lamenta que la fiscalía “pretenda responsabilizar al Poder Judicial de su inacción, displicencia y falta de voluntad para resguardar los objetos que guardarían relación con un delito”. Agrega que el Ministerio Público pretende engañar a la ciudadanía señalando que la jueza frustró la investigación al ordenar la entrega de un bien.
Los antecedentes revelan que el fiscal general ordenó una investigación penal a la magistrada Meza por ordenar la devolución de G. 1.160 millones, que estaban en el vehículo del funcionario de Aduanas, Ramón Alegre Cano, quien falleció en un accidente de tránsito. El hecho ocurrió el 23 de junio de 2015, sobre la ruta VII, ciudad de Yguazú.
El fiscal antilavado, Hernán Galeano, quien investiga el origen del dinero (que sería producto de la coima), sostiene que el proceso tiene que seguir con base a la figura del comiso autónomo. Sin embargo, la jueza extinguió la causa porque Alegre Cano murió.
Desde un principio se habló de maniobras para recuperar el dinero que el aduanero tenía en su vehículo, cuando ocurrió el accidente fatal. Incluso se habló de propuestas económicas a otros jueces, que manejaron la causa y que rechazaron la extinción.
La investigación penal se puede extender a los camaristas Aniceto Amarilla, Isidro González y Ramón Echeverría, quienes confirmaron la decisión de la jueza.