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El licenciado Amancio Abel Florentín, del Centro de Jubilados y Pensionado Bancarios y de otras Instituciones Financieras del Paraguay, lamentó que solo una persona sea acusada por el amañado sistema de préstamos con bajos intereses en una promoción 2016, que se tercerizó con la empresa Karaku SRL y que movió más de G. 3.000 millones.
La adjunta Soledad Machuca ratificó el sobreseimiento definitivo que pidió la fiscala Victoria Acuña para Caballero y los consejeros Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro y Xavier Alberto Hamuy Campos.
El único acusado en el caso es César Rodrigo Amarilla, gerente del Consejo de la Caja de Jubilaciones y presunto dueño de la empresa Karaku SRL.
Para los jubilados el dictamen fiscal que pretende el blanqueamiento que está en manos de la jueza Leticia Paredes, se contradice en varios puntos porque si bien demuestra el “dolo” de los directivos y pruebas en su contra, solo adjudica la responsabilidad al encargado de evaluar los 81 créditos irregulares y no a los que aprobaron, siendo que estos –Caballero y los consejeros– tiene la posición de garante en la Caja de Jubilados.