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Rosa de Acuña, Julio Estigarribia, Abel Florentín y Fernando Aguayo, directivos de la Asociación de Jubilados de Bancos Privados, integrante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, acompañados de sus representantes legales Romina Rolón, Margarita Heralesky y Lucía Sandoval, cuestionaron a la fiscala Victoria Acuña porque solamente solicitó juicio oral por lesión de confianza para César Rodrigo Amarilla, gerente del Consejo de la Caja de Jubilaciones.
Los denunciantes y querellantes adhesivos indicaron que existen sobrados elementos para que el presidente del Consejo de Jubilaciones José Antonio Caballero Bobadilla, y los consejeros Miguel Oro Domínguez, Angel Chamorro Ortiz y Xavier Hamuy Campos Cervera. enfrenten juicio oral, porque los mismos avalaron con sus firmas 81 operaciones irregulares de préstamos, con tasa preferencial para los asociados, y además firmaron varios contratos.
Sin embargo, la fiscala Acuña argumentó para solicitar el sobreseimiento definitivo que la verificación objetiva de la concesión de los créditos estaba a cargo del gerente general Amarilla, quien a la vez fue el representante legal de la firma Karakú SRL, a través de la cual se canalizaron préstamos preferenciales (que produjeron el perjuicio) a los asociados de la Caja, entre mayo y agosto de 2016, por G. 15.000 millones, y que a criterio de la fiscala, los demás miembros del consejo “desconocían” la maniobra.
Acuña en su acusación encontró un perjuicio patrimonial a la Caja de solo G. 377.111.310, hasta el 31 de diciembre de 2016.
Sin embargo, los denunciantes refieren que el daño patrimonial es de G. 1.200 millones al 30 de marzo de 2018. Solicitarán en la audiencia preliminar al juez Rubén Riquelme, que aplique el trámite de oposición.