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Los jubilados mostraron su oposición y disgusto contra la decisión de la fiscala Acuña porque solamente acusó y pidió juicio oral por lesión de confianza para César Rodrigo Amarilla, gerente del Consejo de la Caja de Jubilaciones. Los jubilados sostienen que el acusado es uno de los últimos en la escala del esquema de defraudación.
La agente de la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo para el presidente del Consejo de Jubilaciones, José Antonio Caballero Bobadilla, y los consejeros Miguel Oro Domínguez, Ángel Chamorro Ortiz y Xavier Hamuy Campos Cervera, a pesar que todos ellos avalaron con sus firmas 81 operaciones irregulares de préstamos, con tasa preferencial para los asociados, y además firmaron varios contratos, según la denuncia.
Acuña en su acusación encontró un perjuicio patrimonial a la Caja de solo G. 377.111.310, hasta el 31 de diciembre de 2016.
Sin embargo, los denunciantes refieren que el daño patrimonial es de G. 1.200 millones al 30 de marzo de 2018. Los jubilados reclaman que se haga justicia.