Intiman para que envíen actuaciones

El juez Humberto Otazú intimó ayer a la fiscala Sandra Quiñónez para que remita la carpeta fiscal de la investigación por violación a la ley de armas, caso en el que fueron prácticamente “blanqueados” el propietario de la empresa de seguridad, blindaje y transporte de caudales Vip Security SA, Atilio Gómez Buongermini, y su esposa, Rosa Isabel Brizuela.

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El magistrado debe señalar la audiencia preliminar en la que tiene que resolver el pedido de suspensión condicional del procedimiento para Gómez Buongermini y el criterio de oportunidad a favor de Brizuela.

El Ministerio Público pidió el cambio de calificación por el atenuante del hecho punible de “detentación de armas de uso civil”, que solo prevé una pena de hasta cinco años de cárcel.

Con respecto a la conducta del empresario, la fiscala Quiñónez concluye que “transportó” armas de fuego en un camión particular, sin comunicar del hecho a la Dimabel, que debió otorgar el permiso.

Con relación a su esposa, Rosa Isabel Brizuela, refiere que solo 5 de las 42 armas que fueron incautadas en su poder no estaban registradas debidamente en la Dimabel.

El matrimonio aceptó donar proyectiles a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), como una reparación del daño.

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