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El intendente Julio César Antúnez está procesado por lesión de confianza en calidad de autor, que tiene una expectativa de pena de hasta cinco años de prisión. Como cómplices están acusados el exadministrador de la Comuna, Blas Ibarra Notario, y su hijo Luis Miguel Ibarra Gómez.
El tribunal de sentencia está compuesto por los magistrados Antonio Benítez, Magdalena Narváez de Rodríguez y Alfredo Benítez Fantilli (presidente).
El fiscal acusador es Luis Lionel Piñánez, de la Unidad de Delitos Económicos. Ayer se realizaron las declaraciones testificales de los peritos y el juicio continuará el lunes 28 de noviembre.
La investigación se inició con base en un informe remitido por la Contraloría General de la República (CGR) en octubre de 2006, correspondiente a los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, 2007 y 2008. En esos años Antúnez cumplió dos periodos de gestión como jefe comunal.
El fiscal investigador era el actual senador Arnaldo Giuzzio y el coadyuvante era Wilfrido Ovelar.
La defensa intentó a toda costa obstaculizar la parte final de la investigación, mediante las recusaciones contra Giuzzio y los peritos Carlos Varela (tasador) y Walter Ovelar (contable).
El fiscal coadyuvante de Caacupé, Wilfrido Ovelar, finalmente acusó y pidió que el caso sea elevado a juicio oral y público, en marzo del año 2011. El magistrado Paublino Escobar resolvió a favor de la solicitud de la fiscalía.
Después continuaron las chicanas para evitar la realización del juicio oral y la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia con un pedido de anulación de la audiencia preliminar durante la cual se elevó a juicio oral. Hubo varios cambios de abogados de la defensa para seguir dilatando el proceso y lograr la extinción de la causa.
Se extinguieron
El fiscal Luis Lionel Piñánez manifestó que algunos hechos ya quedaron extinguidos, por lo que el juicio se puede realizar sobre los ejercicios fiscales 2005, 2006, 2007 y 2008. Eso hizo que quedara fuera del proceso la esposa del administrador, Miguela Concepción Gómez de Ibarra, imputada y acusada en su momento.
Mencionó que la prescripción hace que muchos documentos y pruebas queden fuera del proceso, haciendo que el monto inicial de perjuicio se reduzca a casi la mitad.