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Dichos convenios se hacen conforme a lo establecido en la acordada Nº 633/10 de la máxima instancia Judicial, que incorpora a su marco normativo las “100 reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”.
Según lo explicado, el documento establecerá las bases de cooperación entre organismos estatales para brindar una respuesta más oportuna, institucional y dinámica a los problemas sociales. Para ello, se reunieron ayer la presidenta de la Corte Suprema, Alicia Puchetta; el vicepresidente de la República, Juan Afara; el ministro secretario general y jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira; el ministro del Interior, Tadeo Rojas, y los representantes del Indert, Justo Cárdenas y Sonia Paniagua.
También formaron parte de la reunión Francisco Ruiz Díaz, Noelia Gutiérrez y Carlos Miranda, por el Servicio Nacional de Catastro, mientras que el Instituto Geográfico Militar estuvo representado por el coronel Servián Rodríguez, el coronel Sindulfo Colmán y el teniente Joel Trinidad. Asimismo, integró el equipo de técnicos en representación de la Corte la directora general de los Registros Públicos, Lourdes González.
El informe del secretario General de la Corte, Gonzalo Sosa, señala que en atención a las recomendaciones y mandatos de “100 reglas de Brasilia”, las cuales se erigen en ejes de acción del actual gobierno judicial, se desarrolló la reunión técnica para buscar soluciones efectivas a los problemas sociales relativos a la propiedad de la tierra, sean estas tierras públicas o las que sean detentadas por sectores en condición de vulnerabilidad.