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La agente de Delitos Económicos indicó en su escrito: “El comportamiento remiso del imputado (capturado en setiembre de 2014) ante los mandatos de la justicia, y amparándose en ese límite, en ningún sentido puede convertirse en un premio al mismo que ha obstaculizado el desarrollo del procedimiento, es decir, el encausado ha creado condiciones que imposibilitan al Estado la persecución, amparándose y abusando de garantías...”.
En otra parte, Alcaraz aduce que por prescripción se entiende “que es el desinterés estatal en la persecución de un delito, es decir, una falta de voluntad del Estado aun cuando tenga el deber de hacerlo por medio de los órganos instituidos para ello y la falta de actividad de los órganos encargados de impulsar el procedimiento, por lo que su operatividad se traduce como una sanción a la inactividad de los agentes encargados de la persecución penal”.
Sobre el punto enfatiza: “Situación que en el presente caso no se configura, en razón a que es de exclusiva responsabilidad del señor Gustavo Enrique Cristaldo Espínola el mantenerse en fuga, por lo que no se puede atribuir al Estado esa falta de voluntad y desinterés a causa de su habilidad evasiva. Esta habilidad no puede servir como una recompensa para evadir la persecución penal y la eventual impunidad”.
Con respecto a que la normativa establece que transcurrido el doble del plazo de la expectativa de pena (apropiación), debe operar indefectiblemente la prescripción, la gente alega que el artículo 104, inciso 1°, del Código Penal establece también que la prescripción “será interrumpida con el auto de declaración de rebeldía y contumacia”, hecho que aconteció en este caso, por lo que “el plazo debe correr de nuevo”, concluye.
El juez Hugo Sosa Pasmor, en su carácter de interino de su colega Óscar Delgado, decretó la prescripción de la causa a pedido del defensor público Raúl Caballero, el 23 de diciembre pasado. El magistrado tuvo en cuenta el mismo artículo que Alcaraz utiliza para apelar, ya que el 104 del Código Penal, inciso 2°, establece que la prescripción opera “independientemente de las interrupciones una vez transcurrido el doble del plazo de la prescripción”.
Sonado caso de 2002
Este sonado caso data de 2002 luego de que se descubriera que el exadministrador de la Secretaría de la Reforma, Gustavo Roberto Cristaldo Espínola, desviara G. 1.724.274.488 a su cuenta particular del BBVA. El dinero era parte del préstamo del Banco Mundial de US$ 12.000.000 para llevar adelante el proyecto de reforma del Estado.
También estuvieron procesados pero lograron sus sobreseimientos Juan Ernesto Villamayor, en su carácter de exministro de la Reforma; Luis Sisul, excoordinador del Proyecto, y Silvia González Villalba, exempleada de Hacienda. Los dos primeros firmaron documentos que posibilitaron las transferencias de los montos a la cuenta privada de Cristaldo.