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El fallo cuestionado por Rachid anuló la sentencia dictada el 20 de octubre del 2017 por el Tribunal de Sentencia presidido por Arnaldo Fleitas y ordenó el reenvío de la causa, para la realización de un nuevo juicio oral y público.
El colegiado sentenció a Figueredo a 2 años de prisión, con suspensión condicional de la condena, tras declararlo culpable del hecho punible de procesamiento ilícito de desechos.
El “pecado” de Figueredo fue por carecer de licencia ambiental (evaluación de impacto ambiental) para realizar el acopio de pilas y desechos hospitalarios, que almacenaba en su casa para evitar la contaminación del río.
Por unanimidad, los camaristas concluyeron que la interpretación del tribunal, además de errónea, es incluso contradictoria en lo que respecta al acopio de pilas (Ley 294/93, Evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario N° 954/13). La única conducta del ambientalista que podría ser pasible de sanción es la de haber almacenado desechos hospitalarios y medicamentos vencidos.
“Las normas de rango supremo lesionadas con la resolución del Tribunal de Apelación, Primera Sala son las previstas en los arts. 7, 8 y 256, referentes al derecho a un ambiente saludable, la protección ambiental y que las sentencias judiciales deben estar fundadas en la Constitución Nacional y en la ley”, argumenta Rachid, quien pretende que la Corte ratifique la condena de Figueredo.
En juicio, Rachid solicitó una pena de 3 años y 6 meses de cárcel.
Ante la falta de opciones estatales para el tratamiento de desechos, Figueredo creó en el año 2001 la Fundación Itá Enramada. Desde entonces, se dedicó de manera solitaria al acopio de pilas, fluorescentes y todo tipo de desechos nocivos al medio ambiente, tarea para la cual contó el decisivo apoyo del Ministerio Público, que luego lo acusó.