Inminente fallo a favor de profesor acosador

El profesor universitario Juan Gustavo Rodríguez Andersen (47), imputado por acoso sexual a una alumna de Medicina, finalmente podría eludir hoy lo que parecía ya un inminente juicio oral si es que un juez resuelve extinguir definitivamente el proceso debido a que supuestamente se denunció a destiempo el hecho. La fiscalía ya se allanó ayer, en una audiencia preliminar.

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SAN LORENZO (Antonia Delvalle C., corresponsal). La audiencia preliminar del profesor de la Facultad de Ciencias Médicas se llevó a cabo ayer, ante el juez Gustavo Bóveda.

Los estudiantes de Medicina y allegados a la mujer afectada se manifestaron durante la diligencia.

Lamentaron que el caso no tenga castigo y culpan de ello al fiscal Julio César Ortiz, quien supuestamente dijo que la joven buscó que le suceda el hecho.

El caso podría no ir a juicio oral, atendiendo que la defensa del médico planteó ayer la extinción de la acción y el fiscal Ortiz se allanó al pedido.

De este modo el magistrado Bóveda debe decidir hoy si también se allana y le otorga el sobreseimiento definitivo al procesado o si rechaza el planteamiento de la defensa y eleva la causa a juicio oral.

Al respecto Ortiz negó categóricamente haber manifestado que la mujer buscó ser acosada y explicó que lo que en realidad declaró a un medio televisivo fue que por ética la alumna no debió salir a pasear con su profesor.

El fiscal confirmó que el delito sucedió y que por ello incluso imputó, acusó y solicitó que el proceso se elevara a juicio oral, al igual que lo hizo la querella adhesiva encabezada por las abogadas Kattya González y Esther Roa.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público detalló que en la audiencia preliminar la defensa de Rodríguez Andersen planteó una excepción de extinción de la acción, teniendo en cuenta los artículos que señalan que la víctima debe denunciar el hecho y que debe hacerlo en un plazo de seis meses a partir de ocurrido el acoso.

Explicó que el acoso sucedió el 30 de abril de 2014, pero que la alumna hizo la denuncia recién el 3 de noviembre de 2015, un año y seis meses después.

Atendiendo a que no existe otra norma legal para refutar lo planteado por los abogados del acusado, el fiscal Ortiz indicó que no tuvo más opción que allanarse, muy a pesar suyo.

La posición adoptada por el fiscal fue repudiada ayer en las redes sociales, donde la ciudadanía expresó su amplia indignación.

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