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El jueves pasado el abogado Édgar Rodas, director de Decretos y Leyes de la Presidencia de la República, informó al fiscal Martín Cabrera que no encontró los documentos que avalan la autorización al extitular de la Senad Francisco de Vargas para adquirir equipos de espionaje telefónico.
No obstante, Rodas le solicita más datos al fiscal Cabrera para insistir con la búsqueda, por lo que el agente del Ministerio Público le remitió la proforma del decreto que habría sido utilizado en su momento para la adquisición de los equipos de escucha telefónica.
De igual manera, la Fiscalía sigue aguardando de la Senad su informe acerca de las personas que supuestamente fueron capacitadas por Televox SRL, la empresa vendedora de los equipos. Por el adiestramiento la Senad pagó más de G. 110 millones.
La Dinac aún no informa a la Fiscalía de las personas que retiraron los equipos de espionaje y los números de despachos de los mismos.
Por su parte, el Banco Familiar debe informar al Ministerio Público el movimiento de cheques de la cuenta de Televox.
De Vargas pagó G. 9.406 millones por el llamado “sistema de rastreo sensitivo móvil” el 29 de enero de 2013 y dos días después, el 31 de enero, los funcionarios de la Senad Antonio Pereira, director de Administración y Finanzas, y el asesor Miguel Guanes retiraron US$ 260.000 de la cuenta en el Banco Familiar, abierta a nombre de la empresa proveedora de los equipos de espionaje, Televox SRL.
Nicasio Bóbeda, supuesto propietario de Televox, acompañó a Pereira y a Guanes para entregar los US$ 260.000. El fiscal Cabrera también solicitó al Banco Familiar que remita las filmaciones del video de circuito cerrado de enero de 2013, en las que aparecerían las personas mencionadas.
Investigación, en resumen
- La empresa Televox no registró movimientos tributarios desde su creación en el 2008, ni en el 2009, 2010 ni 2011. Solamente en el 2012 y 2015 cuando “vendió” los equipos a la Senad. En su libro de compras no registra la adquisición de los equipos de espionaje. Tampoco realizó las importaciones y Aduanas no le tiene registrada. Solamente importó accesorios informáticos por 20.000 euros. Fue creada con solo G. 60 millones y sin tener experiencia, realizó las ventas, ya que como proveedor del Estado se registró unos meses antes. La Senad pagó US$ 2.500.000 por equipos que valdrían solo unos US$ 200.000. La Senad no habría tenido permiso del Ejecutivo para realizar las adquisiciones.