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Otazú, en carácter de interina de su colega Sussy Riquelme, recibió la denuncia penal de una pobladora de la Chacarita, quien relató que su sobrino de 12 años fue llevado por un primo de 14 años hasta la casa de Miguel Ángel Ramírez Medina, de 32 años, donde se perpetraban los abusos sexuales.
De acuerdo a los indicios recabados hasta el momento, Ramírez Medina sería un empleado de una conocida inmobiliaria que con “saco y corbata” lograba captar a niños de escasos recursos en la zona de la Costanera, con promesas de paseos en shoppings, regalos de calzados deportivos, y luego los invitaba a jugar PlayStation en su casa ubicada en la zona de la Terminal de Ómnibus de Asunción.
“El caso saltó luego de que un menor de 12 años se negara a los abusos del hombre y relatara a su tía el hecho. Inmediatamente la mujer radicó la denuncia, recabamos los datos primarios y ordenamos la detención del implicado”, explicó la fiscala Otazú.
Según la investigadora, el modus operandi que utilizó Miguel Ángel Ramírez es típico de depravados que buscan víctimas en situación de pobreza y vulnerabilidad.
El hombre, inclusive, logró que el chico de 14 años acceda a mantener una relación con él, ya que se mudó a su domicilio. Además, ese menor, según los datos, se encarga ahora de “reclutar” a parientes y vecinos, todos niños menores de edad del barrio bajo.
La víctima de 12 años vio, según su relato, cuando Ramírez manoseaba a su primo y luego concretaba el coito. A su vez, dijo que intentó manosearlo, pero añadió que lo rechazó porque “no le gusta”.
Ayer en horas de la tarde y luego de que se concrete la captura del hombre, agentes de Investigación de Delitos de la Policía Nacional y la fiscala Otazú allanaron su domicilio para recabar pruebas de los abusos sexuales. Se incautaron objetos como notebook, una CPU y CD, que serán peritados.
El aprehendido fue imputado por abuso sexual en niños (que estipula la penetración y establece una pena de hasta diez años de cárcel) y se pidió su prisión preventiva, que será definido por el juez penal de garantías que resulte sorteado en la causa penal.