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La imputación de la fiscala Sonia Pereira, de la Unidad Barrial N° 2, sostiene que Espínola Figueredo expedía cédulas de identidad y pasaportes a cambio de un pago de G. 150.000 y G. 200.000 a los vecinos de su vivienda, ubicada en el barrio Maramburé de Luque.
Tras un allanamiento de la Fiscalía, se constató que la vivienda del policía retirado funcionaba como una oficina paralela del Departamento de Identificaciones, de donde se pudo rescatar formularios originales que eran completados con los datos personales de los solicitantes. También se hallaron instrumentos para registrar huellas dactilares y un sitio para tomar fotografías a sus clientes.