Imputan por apropiación de recursos al exintendente de Yataity del Norte

La fiscala Sandra Ledesma imputó ayer a Catalino Brítez Núñez, exintendente del municipio de Yataity del Norte, departamento de San Pedro, por lesión de confianza, al recabar pruebas de supuesta malversación de recursos provenientes del Fonacide, royalties y recursos propios de la Comuna.

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La imputación señala que Brítez Núñez, durante su gestión en el periodo 2010-2015, abonó la totalidad de los recursos en obras que no se realizaron o no concluyeron. También pagó por la compra de complementos nutricionales que no fueron entregados a destinatarios.

La Fiscalía señala que el exintendente pagó G. 25.000.000 por supuesto empastado del predio de la Supervisión del Ministerio de Educación y Cultura de esta localidad, sin que se haya constatado esta obra.

De igual manera, pagó G. 9.500.000 a la supuesta firma “Punto M SA” por una pavimentación no realizada, el 7 de diciembre de 2012. Así también, cuatro días después, desembolsó otros G. 135.000.000 a la misma empresa. Pero un informe del MOPC señaló que fue esta institución la que realizó el trabajo de pavimentación.

La Fiscalía, además, señala que el exjefe comunal pagó G. 76.000.000 a Vicente González por la supuesta construcción de un puente y la apertura de un camino en la Calle 40 que une San Felipe con la compañía Joyvy. Pero se constató después que el puente de madera presenta un aspecto añoso y ruinoso, por lo que demuestra que no pudo haberse construido durante su gestión.

El exintendente también habría simulado la reparación de paredes y aplicación de pintura del salón auditorio y el tinglado municipal, por lo que desembolsó para la empresa de Mercedes González G. 69.918.800, por trabajos realizados parcialmente y sobrefacturados.

También se le responsabiliza por el pago de G. 102.900.000 para la supuesta reparación de puente, G. 90.800.000 para la apertura de dos kilómetros y camino vecinal que no se hicieron.

La imputación también señala que Brítez pagó por dos obras G. 65.000.000 y G. 120.000.000 por supuesta colocación de enripiado y mejoramiento de camino en el casco urbano, que no fueron hechos, y G. 125.547.000 por la supuesta adquisición de merienda escolar para escuelas públicas, que no fue dada a los niños.

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