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La imputación del fiscal Corvalán señala que la contadora Franco Giménez, a pesar de los requerimientos del interventor judicial de APA, Lic. Librado Sánchez Duarte, para presentar los libros contables y de proseguir su tarea en la institución, no lo hizo.
Es más, ante una intimación que realizó el interventor Sánchez, telegrama colacionado mediante, para que la contadora prosiga sus tareas en APA, esta respondió con otro telegrama colacionado afirmando que “no registraba ninguna documentación”.
Claramente, la contadora Franco Giménez obstruyó la labor del interventor judicial –al ocultar o remover documentos–, quien investigaba la desaparición de por lo menos G. 2.000 millones de APA. La Ley del Comerciante obliga al contador a llevar los libros sobre la contabilidad que permita conocer cada una de las operaciones, así como las cuentas deudoras y acreedoras.
Franco Giménez tampoco concedió al interventor ni a la Fiscalía, los libros de sociedad, donde constan las reuniones asamblearias.
La contadora se rehusó de igual manera a colaborar con el fiscal cuando fue llamada a declarar a su audiencia indagatoria, que suspendió en varias ocasiones.
La Fiscalía tuvo que realizar varios allanamientos en la oficina de la contadora, en su domicilio particular y en otros dos sitios, de donde el fiscal Corvalán se incautó de varios equipos informáticos que están siendo analizados por el Laboratorio Forense del Ministerio Público.
El juez penal de garantías, Hugo Antonio Sosa Pasmor, la convocaría la próxima semana a Franco Giménez para su audiencia de imposición de medidas. El fiscal Corvalán solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva. El presidente de APA, Alcibiades Roa, está igualmente imputado junto a varios funcionarios.