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Además de Burgos, la fiscala María Estefanía González imputó a Ángel Silva Balcázar, exjefe del Departamento de Administración de Contratos de la Unidad Operativa de Contrataciones, y a Adalberto Benítez Aguilera, exdirector de Obras y Proyectos. Les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos y estafa.
Los imputados estarían involucrados en el desembolso de G. 1.220.254.742 y G. 830.689.982, que fueron depositados en la cuenta del Consorcio Baumann & Beta por dos certificados de obras, en el marco de la construcción de la sede regional del Ministerio Público de Encarnación. El depósito de los montos se realizó pese a que las pólizas de seguro eran falsas y fueron presentadas por una persona ajena al consorcio, dice la imputación.
“Se trataba de una aseguradora diferente a la que había iniciado la obra. Se sabe que ninguna aseguradora cubriría una obra ya iniciada y avanzada. No se solicitó ninguna documentación al Ministerio Público para presentarla a la nueva aseguradora”, señaló la fiscala en su escrito.
González refirió que de esta forma los imputados actuaron fuera de lo establecido en el manual de funciones para directores y funcionarios del Ministerio Público, lo que causó un perjuicio patrimonial a la institución.
Antecedentes
La fiscala González ya había imputado por la comisión de los hechos punibles de producción de documentos públicos no auténticos y estafa a Víctor Ramírez Parquet, Rodrigo Ramírez Parquet, Rodrigo Benítez Barriocanal, Rodrigo Ojeda Giménez, Feliciana Añazco de Sánchez, Édgar Ayala Castro y Claudia Domínguez Persingola. Los tres primeros representan al consorcio Baumann & Beta, y los cuatro últimos son empleados de la aseguradora El Productor SA.
Los hechos fueron cometidos en el marco de la licitación para la construcción de la sede regional del Ministerio Público en Encarnación, que el 4 de diciembre de 2012 fue adjudicada a “Baumann & Beta”.
En la etapa inicial de la obra, las pólizas fueron emitidas por la firma El Comercio Paraguayo SA de Seguros Generales. Transcurrió el tiempo, y ante el vencimiento del seguro, se solicitó al consorcio contratista la renovación. Sin embargo, no hubo respuesta de la empresa, y vencieron varias pólizas, según la imputación de la fiscala González.
Durante gestión de Díaz Verón
El perjuicio de más de G. 2.000 millones al Ministerio Público se registró durante la administración de Javier Díaz Verón en la Fiscalía General del Estado, y la obra de Encarnación es objeto de una auditoría, la cual podría arrojar como resultado el involucramiento de otras personas en el negociado.
Díaz Verón se encuentra recluido actualmente en la cárcel militar de Viñas Cue, en el marco del proceso por enriquecimiento ilícito. Su esposa, María Selva Morínigo, tiene prisión domiciliaria en la causa que soporta por lavado de dinero.
Por disposición de la fiscala general Sandra Quinóñez, también se auditan otras sedes del Ministerio Público en el interior del país.