Cargando...
La denuncia había sido presentada por el actual ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.
De acuerdo a la imputación, la contratación directa resultó innecesaria porque los estudios ya fueron realizados. Además, la empresa vinculada ANAS S.P.A. (Anas International Enterprise S.P.A.) cobró pero no presentó el trabajo estipulado en el convenio marco de cooperación.
A esto se suma que Salyn Buzarquis suscribió el convenio internacional con el representante de la firma extranjera, Pietro Ciucci, el 24 de setiembre de 2012, en la ciudad de Roma, Italia, y generó la obligación no solo para el Estado paraguayo sino para la Entidad Binacional Yacyretá, sin tener la representación para dicho efecto en razón de que el Decreto del Poder Ejecutivo N° 9798 solo le autorizaba a viajar a la ciudad de Roma del 22 al 29 de setiembre de 2012.
En el convenio se había establecido cuanto sigue: “... En particular, las actividades por parte de ANAS, que se refieren al punto 1) Región Occidental - Chaco Ruta 9, estudios de suelo en la Región Occidental para construcción de carreteras alternativas; y al punto 2) Departamento de Ñeembucú, plan de desarrollo departamental, gestión de catástrofes naturales, son anexadas al presente documento bajo la forma de Convenios Específicos”.
“De la lectura de dicho trabajo se observa que el estudio de suelo de la Ruta N° 9 Transchaco consiste en realidad en un análisis de suelos sobre determinados segmentos y no sobre la totalidad de la ruta, como fue consignado en el convenio específico sobre la materia.
“Por otra parte, en relación con las tareas a desarrollarse en Ñeembucú, el estudio de prefactibilidad vinculado a las obras de contención costera no fue realizado y el estudio de manejo de desastres consiste simplemente en algo genérico acerca de la implementación de un plan de crisis a nivel nacional y no sobre contingencias naturales específicas del Departamento de Ñeembucú, para la cual fue contratada la empresa ANAS”, dice la agente fiscal.
De esta forma, Buzarquis “generó las obligaciones, a través de una contratación directa, sin tener prevista la partida presupuestaria correspondiente y, conforme al informe del Departamento de Viabilidad del MOPC, ya existían estudios de suelo del territorio del Chaco al momento de celebrarse el acuerdo”, concluye Acuña.
Dos hechos punibles
La fiscala Victoria Acuña hace hincapié en su imputación que Enrique Salyn Buzarquis no solo generó un perjuicio de US$ 600.000, con lo que se concreta la lesión de confianza, sino que usurpó funciones públicas al celebrar un convenio representando al Estado paraguayo sin estar autorizado. La jueza penal de garantías María Gricelda Caballero resultó sorteada en esta causa. La magistrada debe citar a audiencia de imposición de medidas.