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La fiscala Sussy Riquelme imputó a cinco personas más por estafa a docentes, en dos causas distintas en las que ya se encuentran procesadas las funcionarias judiciales Elisa Montserrat Cibils de Barrios y Ana María González Ledesma, ujier y oficial de justicia, respectivamente.
Las personas imputadas son Nicolás Xavier Jara Acosta, propietario de la casa comercial Marité SA y los abogados Rolando Salinas y Mercedes Lucila Martínez, quienes impulsan cientos de juicios ejecutivos contra docentes en los juzgados de paz y de justicia letrada. Además de César Medina y Pablo González, quienes habrían prestado testimonio falso en los juicios del fuero civil.
Una de las imputaciones fue presentada en la causa a abierta a raíz de una denuncia presentada por lo docente Nidia Gómez de Obregón, en marzo pasado. La educadora reveló que en diciembre pasado pretendió comprar un celular en cuotas, pero no pudo porque figuraba como morosa en Informconf.
De las averiguaciones realizadas a partir de ahí se enteró de que tenía una demanda ante el juzgado de paz de La Encarnación, en reclamo del pago de un pagaré de G. 6.950.000, supuestamente firmado por ella, a nombre del abogado Salinas. Gómez niega haber firmado dicho documento.
“La señora Nidia Gómez sin haber realizado transacción comercial alguna con la empresa Marité SA, propiedad del señor Nicolás Xavier Jara Acosta, referente a compra de electrodomésticos ni suma de dinero alguno, sufrió un descuento en sus haberes y luego tuvo conocimiento de que este provenía de un embargo iniciado en virtud a un pagaré, supuestamente firmado por ella, por el monto de G. 6.950.000, suma reclamada en el juicio ejecutivo promovido por el abogado Rolando Salinas en su contra”, indica la imputación.
La otra causa tiene relación con la denuncia realizada por la docente Fany Acosta de Maldonado, quien ante un ofrecimiento de una persona de Marité accedió a un préstamo de G. 500.000 y un televisor, a ser descontado en cuotas.
La docente dijo que recibió tanto el dinero como el televisor, pero no le descontaron las cuotas, sino que directamente le embargaron por G. 6.950.000, medida dispuesta en un juicio promovido por Martínez. Se habla de maniobra en la justicia para blanquear los casos.