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CURUGUATY (Pablo Medina, corresponsal).Los fiscales Liliana Alcaraz Recalde y Aldo Cantero Colmán, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, ayer imputaron a su colega de la Unidad 2 de esta zona, José Zarza Galeano, y al abogado Vicente Alderete Gray. Ambos serían integrantes de una “rosca” que opera desde hace meses en connivencia con otros funcionarios del Ministerio Público de esta ciudad, según las sospechas divulgadas.
Según los datos de los acusadores, el abogado Alderete solicitó G. 65.000.000 al empresario Vela Vaezquen y a su hijo David Vela, para que el fiscal Zarza pudiera ordenar el desalojo de presuntos invasores de una propiedad de 771 hectáreas, ubicada en la colonia Sidepar 3000, distante unos 45 kilómetros al sur del distrito de Yasy Cañy.
Vela Vaezquen venía insistiendo infructuosamente ante la fiscalía local para el desalojo de los campesinos que se instalaron en dicho inmueble. Ante ello, el abogado Alderete propuso el “acuerdo amistoso” para concretar la intervención formal del Ministerio Público, donde se desempeña como asistente fiscal Patricia Stanley, actual pareja del citado letrado indiciado, refirieron los investigadores.
Plan estratégico
El empresario Vela Vaezquen debía abonar G. 65 millones en tres cuotas, la primera de G. 15 millones al momento de la firma del “contrato”, luego G. 25 millones al concretarse el desalojo y por último debía pagar otros G. 25 millones, cuatro meses después del desahucio de los señalados como invasores del terreno. Con dichas amortizaciones el letrado se comprometía a “garantizar” que no se volvería a invadir el lote mencionado. Asimismo, la millonaria suma debía repartirse entre los funcionarios del Ministerio Público local, según los datos proveídos por la pesquisa.
Seguimiento y evidencias
Tras radicarse la denuncia, los referidos fiscales iniciaron la intervención de las líneas telefónicas y grabaron las entrevistas mantenidas entre el abogado Alderete y el fiscal Zarza con el propietario del inmueble invadido y su hijo.
Las diligencias se realizaron con autorización judicial, conforme indica el escrito de imputación. Como pruebas contundentes, los acusadores presentaron filmaciones y grabaciones de comunicaciones telefónicas.
La conducta del abogado Alderete fue calificada como soborno, mientras que para el fiscal Zarza el delito se configura como cohecho pasivo.
Desafuero
Debido a que el fiscal Zarza Galeano goza de inmunidad, los fiscales acusadores requirieron al juzgado el pedido de desafuero con base en los hechos y evidencias recolectados. Asimismo, solicitaron la remisión de los antecedentes del caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para forzar su destitución. Desde ayer, los celulares de los dos indiciados permanecieron apagados, por lo que resultó imposible conocer la versión de los mismos.