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La agente de Delitos Económicos especifica en su imputación que durante la administración del liberal se adjudicaron las tierras a personas que nunca trabajaron en el sector agrícola, mediante expedientes “fantasmas”, informes técnicos falsos y dictámenes jurídicos inexistentes.
Además de Ignacio Luis Ortigoza Samudio, fueron imputados como coautores de la estafa los beneficiarios Wilma Marina Fernández Mancuello, Manuel Fouz Trinidad, David Marino Chamorro López, Juan José Melgarejo Frutos y Luis Alberto Álvarez Giménez; y los funcionarios del Indert, Lic. Feliciano Romero Rodríguez y Juan Ramón Sosa Fretes.
De acuerdo a los antecedentes, el 10 de mayo de 2013, los favorecidos dirigieron notas a Ortigoza, peticionando la reconstrucción de expedientes inexistentes, alegando falsamente que en los mismos se habían realizado trámites para la adjudicación de lotes pertenecientes al Indert, ubicados en el departamento de Canindeyú.
Portillo hace hincapié en que los peticionantes, al momento de solicitar la reconstitución de los expedientes inexistentes, no reunían siquiera los requisitos para ser beneficiarios con la adjudicación de tierras del Estado.
A su vez, la agente especifica la resolución de adjudicación del entonces presidente del Indert, alude a los trabajos técnicos de replanteo y partición practicado por los funcionarios, Lic. Feliciano Romero Rodríguez y Juan Ramón Sosa Fretes, quienes supuestamente fueron comisionados para realizar el examen técnico; pero ni siquiera se apersonaron en la Reserva del Mbaracayú y dictaminaron que las tierras no pertenecían a ninguna persona privada, sino que eran públicas.
También, la fiscala refiere que Ortigoza alegó haber tenido a la vista un dictamen de la Asesoría Jurídica, en el cual se aconsejaba la aprobación del replanteo y partición de la colonia. Sin embargo, esto resultó ser falso, ya que la directora general de la Asesoría Jurídica del Indert, María Teresa Peralta, negó la existencia de tal documento.
Finalmente, el Ministerio Público indica que uno de los inmuebles, la Quinta Nº 3 de la manzana ampliación de la colonia Canindeyú (de dos hectáreas), ya fue inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos a nombre de David Marino Chamorro López, uno de los imputados, y que los otros lotes cuentan con transferencias, por lo que el perjuicio contra la Itaipú Binacional fue consumado, de acuerdo al escrito de imputación.
Medidas alternativas
La fiscala Yolanda Portillo solicita para los ocho imputados, entre ellos el extitular del Indert, Luis Ortigoza, la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse a firmar el libro de comparecencia del juzgado dentro de los primeros cinco días de cada mes, una fianza real que será determinada por el juez y la obligación de residir en un domicilio determinado.
Ortigoza afronta otro proceso por compras sobrevaluadas de tierras del departamento de Coordillera, de la firma San Agustín SA, ligada al senador oviedista Jorge Oviedo Matto, cuyo perjuicio sería de G. 46.000 millones, pero a raíz de varias chicanas, el proceso se encuentra trabado.