Imputan a exrepresor y no pueden pedir prisión

El excomisario Eusebio Torres Romero fue imputado por torturas por los apremios físicos que sufrieron tres presos políticos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, entre los años 1975 y 1976. El Ministerio Público no pudo solicitar la prisión preventiva porque el código le beneficia por su avanzada edad (80 años). Los hechos, al ser de lesa humanidad, son imprescriptibles.

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El fiscal de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Santiago González Bibolini, formuló la imputación penal contra el excomisario que ya enfrentó varios procesos penales similares e inclusive estuvo prófugo de la justicia por varios años.

El agente tuvo que solicitar medidas alternativas a la prisión por la avanzada edad del encausado que tiene 80 años en la actualidad, y porque el Código Penal solo establece cárcel hasta los 70 años, durante el proceso.

González Bibolini resolvió abrir un nuevo proceso por tres denuncias por hechos que no prescriben de acuerdo al artículo 309 del Código Penal. El imputado habría ordenado las detenciones ilegales y hasta participado de las torturas, según los datos.

Según la imputación, resultaron víctimas Carlos Ernesto Casco, Luis Alberto Casco y Teresa Dejesús Aguilera de Casco, detenidos de manera ilegal.

Carlos Ernesto habría sido trasladado desde la ciudad argentina de Corrientes, en una embarcación paraguaya, al Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional de Asunción. Resultó privado de su libertad e incomunicado, y recibió diversas agresiones físicas y sociológicas, según el acta de imputación.

En tanto que Luis Alberto habría sido detenido de forma irregular el 9 abril de 1975 en la ciudad de Villarrica por policías que prestaban servicios en la alcaldía del barrio Ybaroty. Luego, supuestamente fue remitido a la Delegación de Gobierno de Guairá. En el lugar, presuntamente fue sometido a apremios y torturas físicas hasta el 12 de abril de 1976, es decir, por el periodo de un año. Posteriormente, fue trasladado al Departamento de Investigación de la Policía Nacional de Asunción y derivado a un calabozo con otros detenidos políticos.

Finalmente, Teresa Dejesús habría sido privada de sus libertad en la vía pública en Encarnación el 2 de abril de 1976, sin orden judicial, y fue remitida hasta la delegación del Gobierno de la ciudad de Encarnación, donde fue interrogada y habría sufrido todo tipo de vejamenes, apremios y maltratos tanto físicos como psicológicos.

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