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La denuncia fue presentada por la directora del Instituto Nacional de Alimentos y Nutrición (INAN), Dra. Laura Mendoza de Arbo, y la Municipalidad de Asunción clausuró también el local tras constatar las falencias.
Uno de los puntos que tuvo en cuenta la investigadora para imputar ahora es el informe de la Unidad de Prevención contra Incendios dependiente de la Municipalidad de Asunción, que señala que las instalaciones del centro gastronómico no se encuentran en buenas condiciones, dado que no cumplía con las disposiciones de prevención contra siniestros.
Además, la agente indicó que existen suficientes elementos contra la manipulación de alimentos y los estándares de cuidados que deben tenerse en cuenta.
Ya en su intervención realizada el 28 de noviembre del año pasado, la misma fiscala se cercioró acerca de la insalubridad del local.
Otazú había indicado que el lugar estaba muy sucio, con muchas alimañas y los alimentos no se refrigeraban de forma adecuada.
Los hechos punibles que le atribuyó la representante del Ministerio Público a Santiago Manchini Zamphirópolos son comercialización de alimentos nocivos para la salud y exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos, conforme al escrito.
La fiscala solicitó a la Justicia el plazo de seis meses de investigación y medidas alternativas a la prisión para el empresario gastronómico.
La causa se inició a raíz de quejas de consumidores en las redes sociales.