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“Se ha hablado de la superpoblación penitenciaria, mora y corrupción judicial, insuficiencia penitenciaria, la corrupción de autoridades penitenciarias, la necesidad de modificaciones legislativas, incluso el mejoramiento en algunos aspectos del actual de la defensoría pública y del Ministerio Público”, resumió el presidente de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez Rolón, tras la reunión interinstitucional.
A su vez, el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, precisó que se conformó un equipo de trabajo que se reúne ya este miércoles, a fin de trabajar en la implementación de medidas a corto, mediano y largo plazos para abordar el problema.
Ríos destacó la necesidad de modificar la Ley 4431/11, cuya implementación ha derivado en un aumento de la población penitenciaria, así como la aplicación de pulseras electrónicas, uso de la tecnología para agilizar las audiencias y otras salidas legales para descongestionar las cárceles y lidiar con miembros de facciones criminales.
En este escenario, la depuración de causas surge como la medida que puede dar resultados más inmediatos, pues según la defensora general, Lorena Segovia, hay un total de 881 personas privadas de libertad por más tiempo que el máximo permitido por la legislación.
“Tenemos activas en lo penal más de 18.000 causas a la fecha y según datos estadísticos tenemos a nuestro cargo 4.850 personas privadas de libertad. Hay una disposición constitucional y legal de que nadie puede estar privado de su libertad si ya compurgó la pena mínima prevista para este delito. Lo que plantearíamos es la libertad por compurgamiento de pena mínima para 881 personas”, explicó Segovia, tras comentar que todos están recluidos por delitos (hurto simple, hurto agravado y reducción).