Cargando...
Los antecedentes revelan que el 16 de setiembre de 2011, el exprocurador general de la República, Enrique García, envió una nota a la firma El Algarrobal y solicitó la remisión de una oferta de las tierras identificadas como Puerto Casado. En su escrito apuntó que existía un pedido de Albino Gómez y Aníbal Flores, líderes de la comunidad indígena Yakye Axa del pueblo Enxet, departamento de Presidente Hayes.
El administrador de El Algarrobal era Roberto Pires, primo del senador por Unace, Jorge Oviedo Matto.
El 26 de octubre de 2011, la firma respondió que tenía una parcela de 10.312 hectáreas y que el precio era de US$ 900 por hectárea.
En noviembre de 2011, los tasadores del Ministerio de Obras Públicas, ingeniero Federico Santacruz, Juan Carlos Martínez y Gustavo Ruiz Wiezell, recomendaron que el Indi debía pagar a El Algarrobal por la finca N° 17326 de Villa Hayes la suma de G. 2.190.000 la hectárea, que totalizaban G. 22.584.594.000, por las 10.312 hectáreas.
El Algarrobal, en una nota remitida a la Procuraduría, manifestó que no aceptaba la tasación de Obras Públicas.
El 28 de noviembre de 2011, según un acta, en una reunión realizada en la Procuraduría General de la República, el entonces procurador general y el entonces titular del Indi, Óscar Ayala, hicieron una nueva oferta. Esta vez de G. 2.847.000 la hectárea. Es decir, se resolvió incrementar el 30 por ciento sobre la tasación fijada por el MOPC, además de decidir la compra de 12.000 hectáreas y no 10.312, que fue lo que se ofreció inicialmente.
Por resolución N° 2121 del 22 de diciembre de 2011, el entonces presidente del Indi autorizó la adquisición del inmueble en G. 35.053.972.200.
Así de G. 22.584.504.000 que según la tasación del MOPC se debía abonar, el Indi pagó a la empresa El Algarrobal la suma de G. 35.053.972.200. Es decir, nada más y nada menos que G. 12.469.378.200 más de lo que dijeron los peritos de Obras Públicas.
Ahora se asignó un profesional de la fiscalía para hacer una avaluación de la finca en cuestión.
LOS ANTECEDENTES
El Indi, durante la presidencia de Lida Acuña, gestionó dos propiedades para responder a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Paraguay a restituir a los nativos sus territorios.
Uno de los inmuebles se adquirió de la firma El Algarrobal, en el que se sospecha hubo una sobrefacturación de más de G. 12.000 millones, según la investigación del Ministerio Público.
Con la excusa de que existía una condena de la Corte Interamericana, se pagó un precio mucho mayor a lo establecido por los tasadores de Obras Públicas. Están en la mira de la fiscalía el exprocurador Enrique García y el extitular del Indi Óscar Ayala, entre otros.