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El Ministerio Público abrió una investigación penal al ministro y los dos camaristas, ante las sospechas de la comisión del hecho punible de prevaricato.
Por otro lado, Blanco, Buongermini y Villalba el 9 de julio pasado rechazaron un hábeas corpus presentado por la abogada Sara Parquet de Ríos, quien alegó que su cliente estaba injustamente detenido porque el Tribunal de Apelación no resolvió en el plazo de tres días el pedido que presentó contra la resolución del juez Tadeo Fernández que confirmó la prisión de su defendido en Tacumbú.
Los integrantes de la Sala Penal dijeron en esa ocasión que no correspondía el hábeas corpus ya que no se puede hablar de mora de parte del Tribunal de Apelación, atendiendo que el mismo no estaba integrado.
Esta postura la ratificaron el 15 de julio, al rechazar un recurso de reposición que presentó Parquet de Ríos para que la Sala Penal revocase su resolución.
La grosera contradicción en la que cayeron los tres magistrados es lo que fortalece la sospecha de la comisión de prevaricato.
De hecho, Blanco, Villalba y Buongermini no pueden explicar por qué en el hábeas corpus dijeron que no hubo mora y en la queja por retardo de justicia cambiaron sospechosamente de postura.
Por otro lado, la Corte remitió a la Fiscalía el resultado de la auditoría del caso, que fue ordenada por el ministro Sindulfo Blanco, quien busca responsabilizar a los camaristas que se apartaron en masa del proceso.
La investigación penal está a cargo de los fiscales René Fernández, Aldo Cantero y Martín Cabrera, bajo la coordinación del fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza.
La causa se abrió por disposición del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.