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Específicamente, la máxima instancia alegó que “ha obrado estrictamente en uso de sus atribuciones y competencias constitucionales y legales”, al disponer la entrega de G. 100 millones a cada uno de los gabinetes de los ministros –G. 900 millones en total– para su distribución entre sus funcionarios en concepto de bonificaciones extraordinarias.
El gremio de letrados presidido por Kattya González destaca que la autarquía presupuestaria del Poder Judicial no implica el uso discrecional del dinero público, ni mucho menos implica la comisión de hechos punibles contra el erario.
Finalmente, la Coordinadora exhorta a magistrados, funcionarios judiciales, abogados y ciudadanos en general a rebelarse contra “estas arbitrariedades cometidas por quienes tienen la misión de ser custodios de la Constitución Nacional, cumplirla y hacerla cumplir”.