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El presidente de la Asociación de Magistrados del Paraguay, Gustavo Santander, manifestó a nuestro diario que la situación debe ser esclarecida por las autoridades del Poder Judicial.
El juez confirmó que efectivamente en la planilla de Hacienda aparece que un magistrado de primera instancia gana G. 22.593.700 y un camarista la suma de G. 25.373.651 (ver facsímil).
A esto suma que un actuario judicial gana G. 9.972.210, cuando en realidad perciben menos de 5.000.000 de guaraníes.
La Coordinadora de Actuarios Judiciales del Paraguay, por su parte, ya solicitó al ministro de Hacienda, Germán Rojas, la rectificación de datos referentes a los salarios de los funcionarios.
Según la presentación, hace varios días figura en la página web del citado ministerio la planilla de sueldos de los funcionarios, cuyos salarios aparecen triplicados.
“Resulta por demás importante hacer notar y resaltar que dicha circunstancia genera una absoluta, grave y preocupante duda, acerca del monto correspondiente al salario que actualmente percibe el actuario judicial, o que debería percibir, conforme a la información colectada”, señala la nota firmada por el abogado Carlos Bonzi, vicepresidente del gremio.
“Es por ello que respetuosamente solicitamos se sirva arbitrar los medios pertinentes, a fin de que se aclare y corrobore de manera urgente la información expedida en la página web del Ministerio de Hacienda, puesto que de ser verídica y/o real dicha información, estaríamos ante un grave menoscabo al derecho salarial de los actuarios judiciales”, concluye la nota.
Alejandra Cáceres, presidenta de la Coordinadora, comentó que vía telefónica realizaron el reclamo hace 10 días, pero nada ocurrió.
Fuentes de Hacienda atribuyen al Poder Judicial la responsabilidad del suministro de los datos.
Por su parte, autoridades administrativas del Poder Judicial dijeron que el error es de Hacienda y descartaron hechos de corrupción.
Sin embargo, los gremios judiciales dicen que el hecho no deja de llamar la atención y genera conjeturas. “Claro que genera sospechas, ya que los datos de Hacienda son oficiales”, añadieron los funcionarios que pidieron no se publiquen sus nombres por temor a represalias. Se espera que la Corte aclare.