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Ayer, la Corte Suprema dio a conocer que durante la sesión plenaria del martes pasado, se tomó la determinación de “iniciar el estudio del horario de trabajo que será implementado en el Poder Judicial”.
Agregan que este “estudio” será tratado como primer punto del orden del día en la sesión plenaria que se hará el próximo 21 de octubre a las 9:00.
Esto tendría como antecedente la presentación de los senadores Blas Llano, Mario Abdo Benítez y Arnaldo Giuzzio, de un proyecto de declaración “por el que se insta al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a los organismos y entidades del Estado, a establecer como horario de trabajo de sus funcionarios, cuarenta horas semanales u ocho horas diarias”.
Los proyectistas indicaron que tiene como fundamento la necesidad de unificar las tareas propias de cada uno de los poderes del Estado, en forma coordinada, a fin de prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Asimismo justificaron razones de “igualdad”, como menciona la Carta Magna en su Art. 46.
El Poder Judicial está en constante zozobra ante la sombra del juicio político que podría recaer en los ministros de la Corte.
Pedirán compensación
Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay, Porfiria Melgarejo de Ocholasky, manifestó que si la Corte decide aumentar las horas laborales de 6 a 8 horas, está en su derecho de hacerlo.
Sin embargo, indicó que en este caso, la Corte debe disponer de los recursos necesarios para pagar por la jornada laboral que será incrementada.
“A mayor horas de trabajo corresponde mayor pago”, dijo la gremialista. Adelantó que tendrán que “hablar” con los ministros de la Corte para obtener esta compensación.
Antecedentes
La Corte tiene una acción de inconstitucionalidad presentada en el 2001 por el entonces presidente de la máxima instancia judicial, Carlos Fernández Gadea, para que la Ley N° 1626 de la Función Pública no le sea aplicable.
La acción le fue favorable porque la Ley 1626 le sometía al Poder Judicial al Poder Ejecutivo, lo que resulta incompatible con la independencia y autonomía, consagradas en la Constitución Nacional.
También fueron favorecidos con la acciones similares el Banco Central del Paraguay, el Ministerio Público y la Contraloría General, entre otros entes.