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En la ocasión, el magistrado impuso una fianza personal de G. 1.400 millones a los dos abogados defensores y estableció un plazo de 15 días hábiles para que Guerreros presente bienes muebles o inmuebles suficientes para cubrir dicho monto. Prohibición de salir del país y obligación de presentarse ante el juzgado una vez al mes, son las demás medidas dictadas por el juez. La imputación del fiscal René Fernández señala que Guerreros se valió de su cargo para obtener líneas a nombre de personas insolventes. Ponía cabinas telefónicas, que luego cerraba ante la falta de pago por tres meses. Cuando Copaco demandó, los “dueños” no tenían nada a su nombre.