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El fiscal Ysaac Ferreira Villamayor pidió ayer al juzgado la autorización judicial para la extracción de datos, por parte de un especialista, de todo lo incautado en el marco de los allanamientos realizados en el denominado operativo Berilo.
Una larga lista de celulares presentó el agente fiscal , además de una notebook y una tablet para ser peritados. Propone que sea nombrado el perito Lic. Omar Cabrera, del departamento Informático del Ministerio Público, para que extraiga los mensajes de textos, mensajes de voz, agenda telefónica y conversaciones en redes sociales, que según explica el fiscal Ferreira servirán para la investigación. El juez Ayala Brun resolverá hoy si autoriza el pedido.
Cambio de calificación
Por otro lado la pareja de Reinaldo Javier Cabaña, Gloria López Ramírez, planteó un incidente de cambio de calificación de su imputación, solicita al juzgado que los hechos punibles de tráfico y comercialización de drogas sean anulados y que queden lavado de dinero y asociación criminal, con el argumento “de que nadie estará obligado a denunciar cuando fuere su cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente o hermano”, y en su caso el presunto narco Reinaldo Cabaña es su concubino y con él tiene dos hijos. El juzgado correrá traslado a la Fiscalía para contestar el incidente y luego resolverá.
Apelan embargo
Los policías imputados por supuestamente formar parte de la supuesta estructura criminal de Cabañas, Alcides Villagra Giménez, Cristian Maximiliano Vázquez, Melchor Gaspar Cabrera y Wilder Carlile Amarilla, apelaron la resolución del juez Rubén Ayala Brun, quien había resuelto el embargo preventivo de sus bienes.
Aplazan audiencia para fiscal
El juez penal de garantías Rubén Ayala Brun solicitó a la Fiscalía General del Estado que remita la dirección del suspendido fiscal Gustavo Yegros, procesado por cohecho pasivo agravado, asociación criminal y frustración a la persecución penal. Yegros está investigado porque habría recibido una coima de 20.000 dólares americanos, según investigaciones realizadas en el denominado operativo “Berilo”.
Tras procesarlo, el magistrado fijó fecha para realizar la audiencia de imposición de medidas este jueves, pero se vio obligado a suspender la diligencia al advertir que la fiscalía no informó el domicilio del procesado y, en esas condiciones, no tiene cómo notificarlo con la antelación prevista por la ley.