Fiscalía pide la suspensión y remoción de jueza por trabar investigación penal

La Fiscalía General del Estado denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a la jueza penal de la adolescencia Edith Coronel, cuya destitución solicita por mal desempeño en sus funciones. La magistrada había ordenado destruir informes sobre las cuentas de la fiscala Gladys González, tras hacer lugar a un hábeas data promovido contra la Superintendencia de Bancos.

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A través de una sentencia y una aclaratoria, Coronel ordenó en marzo pasado la destrucción de la circular de la Superintendencia que pedía a los bancos y financieras informes sobre las cuentas existentes de Gladys González y luego, de los informes propiamente dichos.

Para justificar su decisión, la jueza Edith Coronel argumentó que no existió orden judicial para solicitar los informes y que tampoco había una investigación abierta contra la fiscala de Lambaré.

La presentación radicada por el fiscal adjunto Édgar Moreno solicita la suspensión de la magistrada, a la que acusan de extralimitarse en sus funciones para favorecer indebidamente a González, cuyo marido (Carlos Sosa Palmerola), expresidente de Ára de Finanzas, está sindicado como cerebro de un fraude de US$ de 14,3 millones.

“Las decisiones de la magistrada hacen suponer su intención de evitar que el Ministerio Público tome conocimiento de la información requerida y eventualmente sería brindada por los bancos y financieras de plaza, cercenando con ello la posibilidad de incorporar otros elementos de convicción y obstaculizando la función encomendada a la institución por la Carta Magna”, afirma el fiscal adjunto Édgar Moreno.

El representante de la Fiscalía destaca que la jueza utilizó la garantía del habeas data –prevista para la destrucción de datos erróneos o falsos– para disponer la eliminación de datos verídicos.

“Sin contar aún con prueba alguna (y, por tanto, sin haberlas valorado) que demarque o demuestre verazmente algún dato erróneo o que afectara ilegítimamente los derechos de la accionante, a magistrada ordenó la destrucción inmediata de las circulares”.

LLAMATIVA INTROMISIÓN

“Resulta notoria y manifiesta la intromisión de la magistrada desde el momento en que ordena al Ministerio Público (titular de la acción penal pública) a destruir evidencias relacionadas con una investigación fiscal en curso, desde todo punto de vista existió un ingreso visiblemente ilegítimo a un campo que no compete a sus funciones, pues la agente fiscal –como directora de las pesquisas– es quien determina o considera cuáles son los elementos de convicción conducentes a su teoría del caso”.

“No surge de manera fehaciente en qué consiste realmente la errónea información otorgada por la Superintendencia de Bancos (...)”

Fuente: Escrito del fiscal adjunto Édgar Moreno.

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