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ENCARNACIÓN (Juan Augusto Roa). El abogado Mario Elizeche, titular de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, reveló que la auditoría realizada en Encarnación permitió comprobar que en dos casos no se cumplieron el mecanismo de sorteo correspondiente para llegar a los remates, violentando así leyes vigentes, lo que llamó la atención. Así, fue ordenada una investigación minuciosa de cómo se dieron los hechos a fin de llegar a las personas involucradas.
El viernes último, la Corte Suprema de Justicia dispuso la apertura de un sumario para el rematador Atilio Estigarribia Salina, la actuaria María Ortigoza y el abogado Christian Velázquez, así como la suspensión de Estigarribia Salina hasta que se aclare lo que ocurrió. Luego se verá su responsabilidad penal, si hubiese.
Elizeche explicó que los casos auditados son “Banco Itapúa SAECA contra Jair Grebinski sobre ejecución hipotecaria” y “Banco Itapúa SAECA contra Jorge Korbes sobre acción ejecutiva”, cuyos expedientes aparentemente ni siquiera pasaron por la oficina de garantías constituciones para sorteo, sino que fueron entregadas en forma directa al rematador ahora suspendido.
De acuerdo a lo señalado por Mario Elizeche, esta es una investigación que comenzó a partir de una denuncia del Colegio de Rematadores del Paraguay, presentada ya el año pasado, en la cual se hace mención del hecho de que los más importantes y onerosos remates eran direccionados hacia determinados profesionales, sin que pase por el mecanismo de sorteo correspondiente.
Este modus operandi se estaba repitiendo en forma peligrosa, según la denuncia inicial.
El director explicó que la investigación se inició sobre la base de dos casos puntuales denunciados, pero en el transcurso de la pesquisa se pudo detectar que existen otros siete casos, donde se observa a más funcionarios que estarían involucrados. Con todo, tanto las causas como los nombres de los presuntos involucrados se mantendrán en reserva hasta que la investigación esté más avanzada.
La acusada
La responsable de la oficina de Garantías Constitucionales que funciona en la planta baja del Palacio de Justicia es Olga Boliniek, a quien sindican como la cabeza de toda esta rosca.
La funcionaria, a la que algunos rematadores afectados atribuyen responsabilidad en la “elección” de los casos y su direccionamiento, dijo no tener ninguna relación con los hechos investigados porque no ingresaron a su oficina.
“Aquí se realizan los sorteos de los remates; es un acto público, y en todos los casos está presente un magistrado del Consejo de Administración”, argumentó Olga Boliniek.
La norma transgredida
La norma transgredida en el otorgamiento de los remates judiciales está contemplada en el artículo 39 de la Acordada Nº 1066/2016 de la CSJ, que establece taxativamente que la asignación de rematadores públicos judiciales “se realizará por medio de un sistema de sorteo informático que será aplicado en la Capital y en todas las circunscripciones judiciales del interior de la República que cuenten con una Oficina de Garantías Constitucionales y Remates Judiciales”. La violación de la referida norma, además de sanciones administrativas, tiene sanción penal, por lo que la Corte dio intervención en el caso a la fiscala en lo criminal de turno, María del Carmen Palazón.