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“Los argumentos sostenidos por esa magistratura (el juez) sobre el lugar de reclusión diferente a los demás existiendo los mismos presupuestos, contraviene la igualdad y coherencia que debe guiar decisiones de esa naturaleza; pues en situaciones análogas dentro de esta misma causa vuestra señoría ha decretado la prisión preventiva de los imputados y ordenó que las cumplan en la penitenciaría regional”, dice una parte del escrito de las fiscalas Cáceres y Martínez, quienes pidieron al juez que revoque su decisión de enviar a Duarte a la Unidad Contra Delitos Económicos de la Policía.
En caso de que el magistrado se ratifique, las fiscales solicitarán que la resolución de primera instancia sea remitida a la Cámara de Apelaciones, para que la misma sea analizada.
Las agentes del Ministerio Público recordaron al juez, que él mismo dispuso que otros procesados como Víctor Lara, Óscar Vicente Céspedes y Ángel Núñez, guarden reclusión en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.
Sin embargo, Duarte está recluido en Delitos Económicos de la Policía, porque supuestamente su vida corre peligro.
“Cabe resaltar que la amenaza a la integridad física de Felipe Duarte no se halla demostrada”, apuntaron las dos fiscalas.
Los antecedentes revelan que Duarte, quien estuvo prófugo desde el 2012, fue detenido la semana pasada. Llamativamente, el juez en vez de enviarlo a la cárcel, decidió remitirlo a la referida dependencia policial.
Según el Ministerio Público, Duarte fue el creador de varias firmas ficticias que remesaron US$ 600 millones al exterior a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental.
Hasta el momento, la fiscalía ya imputó a 22 personas vinculadas a las empresas de portafolio. Estos procesados en su mayoría son de escasos recursos y habían sido usados por Duarte, que ahora fue privilegiado con una reclusión en dependencia policial.
Los terceros, dueños del dinero, aún no fueron incluidos en el proceso. Este hecho es criticado por los defensores de la mayoría de los imputados, quienes acusan a la fiscalía de no querer investigar a los que se beneficiaron con el esquema creado por Duarte.
Por otro lado, sigue pendiente la pericia financiera contable, que revelaría si los empleados de los bancos están o no comprometidos con los envíos irregulares de dólares al exterior.