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El 29 de diciembre de 2017 Patricia Beatriz Doria Argaña, en su carácter de directora de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, dictaminó a favor de la apertura de una investigación penal contra Javier Díaz Verón, su esposa María Selva Morínigo y sus hijos Yerutí y Alejandro Díaz Morínigo.
La misma “pecó” y el fiscal adjunto interino de Díaz Verón (con autopermiso), Alejo Vera, intentó maquillar la vendetta con un pedido de permiso sin goce de sueldo. También actuó en su contra la entonces nueva fiscala adjunta de Delitos Económicos, Alba Rocío Cantero.
Sin embargo, era imposible creer la historia que querían instalar desde la Fiscalía General. Suponer que Doria dejaba atrás ocho años en la Dirección de Delitos Económicos (asumió en enero de 2010) era improbable.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público intentó poner paños fríos y señaló que fue Doria la que pidió el permiso particular. Luego, dijeron que la ministra Karina Gómez, de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabisco), pidió que se le dé curso a su solicitud.
Al día siguiente del cambio, Alejo Vera, fiscal adjunto encargado de despacho, dispuso el relevo y nombró para ese cargo a Miguel Ángel Ruiz Centurión, quien era relator fiscal. La celeridad para tener un reemplazante en tal alto cargo era también llamativa.
La Fiscalía General también ocultó que la adjunta Alba Rocío Cantero dijo que quería tener a gente de su confianza en su entorno. Esto fue aprovechado para acelerar la salida de Doria.
El adicional fue el mensaje que se dejó a los fiscales de la Unidad: Ninguna causa contra Javier Díaz Verón podía avanzar.
La Asociación de Fiscales del Paraguay se mantuvo en silencio en todo este tiempo.
Finalmente, esta semana la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, nombró a Patricia Doria en un cargo más alto, la asesoría jurídica del Ministerio Público, lo que significa la reinvindicación de una funcionaria calificada y con buena reputación.
La resolución Nº 2066 del 2 de mayo pasado “rectifica parcialmente la resolución N° 331 del 31 de enero de 2018 y deja sin efecto a partir del 1 de mayo de 2018 la vigencia de permiso concedido a la funcionaria Patricia Beatriz Doria Argaña, por lo que se reintegra al Ministerio Público a partir de esa fecha”. El cargo de Doria era ocupado anteriormente por Patricia Rivarola, fiscala adjunta electoral.
Una familia investigada
El fiscal Martín Cabrera investiga actualmente el presunto enriquecimiento ilícito del exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, su esposa María Selva Morínigo y sus hijos Yerutí y Alejandro Díaz Morínigo. La familia soporta la pesquisa por tener una empresa (Canto Rodado SA) con capital de G. 2.500 millones.
Morínigo es abogada y exfuncionaria del Fondo Ganadero. Aparece como propietaria de las empresas Canto Rodado y Salty River, en auge desde que su esposo accedió al alto cargo. Díaz Verón posee una estancia modelo que aparece a nombre de su suegra. Tiene 250 cabezas de ganado de la raza Brahman y Nelore, con un costo de G. 4.000.000 cada una, es decir, solo en vacunos registró G. 1.000 millones.