Fiscalía decidirá si avala o no blanqueo en caso San Agustín

El miércoles, la fiscalía decidirá si se allana o no al blanqueo con el negociado en Indert mediante la compra de cinco mil hectáreas de la firma San Agustín, ligada al senador Jorge Oviedo Matto. La operación causó un perjuicio de G. 48.000 millones al Estado. Ahora, los acusados luego de dilatar dos años la audiencia preliminar, proponen hacer donaciones para evitar el juicio oral.

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Luis Ortigoza, extitular del Indert, solicitó el viernes al juez penal de garantías Rubén Riquelme el sobreseimiento definitivo del proceso penal por lesión de confianza. Sostiene que no hubo daño patrimonial al Indert.

Ortigoza solicitó igualmente al juez Riquelme, a través de su abogado Álvaro Arias, la inclusión de pruebas documentales, las testificales de los peritos tasadores del Ministerio de Obras Públicas Víctor Blanco y Mario Echeverría (procesados), de Olga Fleitas y Justo Cárdenas, y que se tenga presente la “donación” de más de G. 10.000 millones que realizó la empresa San Agustín a favor del Estado. Esta suma es el remanente que quedó pendiente de pago del total de G. 60.000 millones pactado como precio total de la finca.

La escribana Marta Roa, procesada por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y por estafa, en la audiencia preliminar reconoció el hecho punible que se le atribuye y solicitó acogerse a la suspensión condicional del procedimiento.

Roa, quien realizó la transferencia del inmueble a pesar de la prohibición de innovar, ofreció en la preliminar pagar G. 3 millones mensuales durante 2 años.

Los peritos tasadores del MOPC Blanco y Echeverría, quienes habrían sobrevaluado la propiedad, también solicitaron la suspensión condicional del procedimiento y donar 2 millones cada uno durante un año. Igualmente ofrecieron dar cursos de formación profesional.

En el caso del exadministrador de la firma San Agustín Arnaldo Jara solicitó la suspensión condicional del procedimiento y ofreció donar G. 4 millones mensuales durante dos años.

El diputado liberal Milciades Duré solicitó agregar informes del Indert sobre la aptitud de las tierras vendidas por San Agustín. Aún no ofreció nada.

Los fiscales René Fernández y Josefina Aghemo deben contestar los incidentes de los procesados el miércoles. Se tendrá en cuenta el dictamen del Indert.

El Indert pagó casi G. 48.000 millones por 5.700 hectáreas de San Agustín, en el 2013. Para la Fiscalía, la tierra valdría un poco más de G. 1.000 millones.

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