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Los investigadores aducen que se incautaron de numerosas órdenes de pago de los períodos 2011, 2012 y 2013, con las que se percataron de la contratación con una empresa que pertenece al hermano del jefe comunal, Amado Alfonzo Prieto. La municipalidad había adquirido así combustibles y lubricantes, de la empresa Manduvirá Servicios.
“Se puede observar que todas las órdenes de pago fueron rubricadas por el intendente Alfonzo. De las órdenes de pago mencionadas, se obtuvo que en el periodo 2011 fueron obtenidas 15 órdenes de pago, sumando un total de G. 36.010.494; en el periodo 2012, 61 órdenes con un total de G. 210.166.525; y el periodo 2013, 6 órdenes de G. 80.344.000. Dichos montos dan un total de G. 326.521.019 en adquisición de combustibles y lubricantes por parte del Municipio de Arroyos y Esteros, a través de la firma Manduvirá Servicios”, se desprende del escrito de imputación.
La operación de compra de productos de la empresa indicada ocurrió en contravención a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 2051/2003, que prohíbe la contratación entre las municipalidades y sus funcionarios públicos, incluyendo los parientes consanguíneos de estos.
Además, el municipio debió llamar a licitación –concurso de ofertas– y no realizar la adquisición de forma directa, ya que al menos tres firmas debieron ofertar.
Gustavo Alfonzo y otros 8 funcionarios de la Comuna están imputados por lesión de confianza, ya que despilfarraron G. 845 millones con compras irregulares. Los otros procesados son: la hermana del intendente y exadministradora de la Comuna, Carmen Cristina Alfonzo Prieto; la secretaria general y pareja sentimental del jefe comunal, Lilian Fabiola Díaz Benegas, y la actual administradora, María Luján Leite Sánchez. También están acusados los funcionarios Julia Teresa Agüero, Omar Rodríguez Kunzle, Gustavo Amado Alfonzo Bello, Ramón Alfonzo Enciso Ingolotti y el supuesto contratista Alejandro Magno Núñez Insfrán.
Algunos hechos
Cabe resaltar, que la Contraloría General de la República en abril último remitió a la Fiscalía General del Estado tres reportes de indicios de hechos punibles descubiertos al realizar la verificación in situ de obras ejecutadas por la administración del colorado Alfonzo, con fondos provenientes del Fonacide correspondiente al ejercicio 2014.
Los auditores del citado organismo de control hallaron pagos de más por obras en escuelas, por G. 42.250.436, 32.263.160 y 21.557.325, entre otros.