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La víctima fatal del incendio ocurrido en los primeros minutos del pasado viernes fue el oficial primero Jerson Alderete (30), oriundo de San José de los Arroyos, departamento de Caaguazú, quien prestaba servicio en la sede de la referida unidad policial.
La fiscala Domínguez, quien está al frente de la investigación, mañana, a las 8:30, acompañado de peritos, se constituirá en la sede de la unidad policial.
De acuerdo a las primeras informaciones, el fuego comenzó en el interior de un cuarto ubicado en el fondo de la repartición, que los agentes usan para descansar y donde precisamente Alderete estaba durmiendo solo.
Cuando el policía se percató del incendio e intentó salir por la única puerta de acceso, esta estaba trancada. Tras varios minutos de pedir auxilio, se desvaneció a causa de la cantidad de humo que inhaló.
Los médicos forenses intervinientes concluyeron en forma preliminar que la causa de muerte fue la inhalación de humo.
Sin embargo, un informe conclusivo se tendrá dentro de 20 días.
La posibilidad de que se caratule el hecho como homicidio culposo es cierta, ya que hay sospechas de negligencia y que el incendio se habría originado por la falta de mantenimiento del edificio destinado al descanso de los policías.
La propia fiscala había caratulado de homicidio culposo la muerte de un soldado en el RI 14 Infantería al tocar una cerca que tenía corriente eléctrica. Este caso ocurrió en el año 2011.
Se desconoce qué fue lo que trabó la puerta de la pieza
Para la fiscalía, no está aún claro cómo ocurrió el siniestro, y mucho menos el motivo por el cual la víctima no pudo salir de su habitación.
Además, la agente desea conocer el estado de las instalaciones para medir el nivel de responsabilidad que tienen las autoridades de la Policía Nacional.
Mientras, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, dijo que todas las comisarías del país están en pésimas condiciones, porque no se les hace el mantenimiento necesario debido a la falta de presupuesto. Añadió que la institución precisa aumentar su presupuesto entre US$ 500 y 600 millones para mejorar la infraestructura, las condiciones de los policías, entre otros.