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La agente fue notificada ayer de la designación que realizó el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
La misma investigadora había advertido a su superior, Federico Espinoza, que los funcionarios de Contraloría habrían incurrido en los hechos punibles de lesión de confianza, estafa y frustración de la persecución penal.
Puntualmente, están en la mira Éver Espínola, auditor, el Lic. Marcial Corvalán, auditor y la Lic. Lucila Troche, jefa del equipo, quienes consignaron en su acta hechos falsos, según Criscioni.
Asimismo, la pesquisa puede alcanzar a la Lic. Marta Vicézar, supervisora y directora de área DGCAC, y al Lic. Cirilo Durañona Macchi, coordinador director general DGCAC, quienes elaboraron el dictamen de auditoría financiera 2012 del MAG.
“Por economía procesal, ante la naturaleza de los nuevos hechos denunciados y a fin de optimizar la tarea fiscal, resulta necesaria la designación directa a la agente fiscal a cargo de la pesquisas, para proseguir con la investigación y el procedimiento, con las atribuciones propias del cargo, teniendo en cuenta la representación legal asumida en la causa Silvio Riveros y Otros Sobre Estafa”, señala Díaz Verón en su resolución.
Habla de represalia
El contralor general del Estado, Rubén Velázquez, dio a entender ayer que los cuestionamientos del resultado de la auditoría financiera al MAG, tienen que ver con una “represalia” de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, debido a que el ente a su cargo investiga la correspondencia de bienes del adjunto, Espinoza, de los 12 agentes y funcionarios dependientes.
Como “contraataque” por imputaciones a varios políticos, la Cámara de Diputados solicitó a la CGE que se indaguen los bienes de los fiscales.
A su vez, el contralor explicó que el trabajo especial de los usos de los fondos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), se hará recién ahora.