Fiscala prepara acción contra fallo que deja impune a un exgobernador

La fiscala Celia Beckelmann prepara una acción de inconstitucionalidad para tratar de revertir la resolución que deja impune la “tragada” de más de G. 1.300 millones dictada por el Tribunal de Apelación de Presidente Hayes. La Cámara dejó sin efecto la condena de 2 años y 6 meses impuesta al exgobernador Eugenio Escobar Cattebeke, ratificada por la propia Corte.

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“Es totalmente improcedente, hablan de la prescripción de la sanción y nuestro código no habla de eso porque está postergado y está previsto para el código de ejecución que está por salir. Hay una mala interpretación”, explicó la agente fiscal al adelantar parte del fundamento de su acción.

Beckelmann solicitará la nulidad de la resolución dictada el 1 de octubre pasado, mediante la cual los camaristas Darío Estigarribia y Mirtha González ratificaron la decisión de la jueza Leticia Frachi. El tercer miembro del tribunal, Lucio Portillo, votó en disidencia.

El 15 de abril pasado Frachi declaró operada la “prescripción de la sanción penal por el cumplimiento del doble del plazo” y la “extinción de la acción penal”. Consecuentemente, la jueza ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban contra el político.

De esta manera quedó en la nada la decisión de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena de 2 años y 6 meses de prisión dictada contra el político, por lesión de confianza, el 23 de noviembre de 2009.

El camarista disidente, Portillo, sostuvo que no se cumplió el plazo de prescripción en la causa, porque el cómputo del plazo fue interrumpido por la intervención del Tribunal de Cuentas y por el rechazo del pedido de desafuero de la justicia, circunstancias obviadas por sus colegas.

Escobar Cattebeke, exgobernador colorado de Presidente Hayes, fue declarado culpable del desvío de rubros destinados a obras viales y al programa Vaso de Leche. Si bien la fiscala Artemisa Marchuk sostuvo que fueron desviados G. 2.600 millones, el Tribunal de Sentencia presidido por Mesalina Fernández declaró probado un perjuicio de G. 1.400 millones.

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