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En una visita a nuestro diario, González explicó que en más de una oportunidad los oficios remitidos por la Justicia para la provisión de datos referentes a titulares de las distintas líneas, así como detalle de las llamadas entrantes y salientes, no han tenido respuesta alguna de Tigo, no así de las demás telefónicas.
El letrado destacó que esta actitud renuente de la telefónica le ocasionó un perjuicio en lo profesional en junio pasado, ya que en un juicio de acción penal privada en el cual se desempeñaba como querellante, la persona acusada por amenaza resultó absuelta por la falta de presentación de pruebas del hecho denunciado, específicamente el detalle de llamadas realizadas y titularidad de la línea, que fue requerido en dos ocasiones por el Tribunal, pero nunca fueron contestados.
González precisó que el juez Daniel Ferro remitió el oficio Nº 31 el 4 de febrero del 2015 y el Nº 215 el 19 de mayo pasado, este último con apercibimiento de ser aplicada la Ley 4711/12, que castiga el desacato a la orden judicial. Ninguno fue contestado. “A raíz de este desacato, se me produjo un daño profesional irreparable al dictarse una sentencia definitiva absolutoria, muy contraria a los fines legítimos y jurídicos perseguidos a favor de mi representada, cuyas pruebas obran in extenso en el expediente judicial que se adjunta, porque de haberse proveído el informe así como fuera solicitado, se podría haber demostrado que sí hubo hecho punible y que sí fueron ciertos los motivos de la denuncia realizada y podría el autor ser condenado. Tal cosa no ocurrió y es deber y obligación del Ministerio Público aplicar un castigo ejemplar a los autores por omisión y desacato el haber permitido la impunidad”, argumenta González en la denuncia radicada ante la Fiscalía Barrial Nº 2.