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La representante de la sociedad se sintió agraviada por las decisiones adoptadas por el juez Fernández, quien ordenó la libertad ambulatoria de ocho imputados.
La fiscala critica duramente que el magistrado haya impuesto una exigua fianza, que además ni siquiera es real sino personal de los abogados. Es decir, que la garantía de que los imputados no se van a fugar del país es la “palabra” de los defensores, ya que la fianza personal nunca se cumplió, debido a que no se garantiza con ningún bien, como por ejemplo inmueble de valor.
Para el Ministerio Público continúa latente el peligro de fuga de los imputados y por eso solicita a la Cámara que imponga el arresto domiciliario, que al principio se les dio a algunos imputados, que luego fueron beneficiados con la libertad ambulatoria.
Según los antecedentes la colosal estafa se pudo causar gracias a la alteración del sistema informático de la Subsecretaría de Estado de Tributación.
Hasta ahora hay una decena de imputados, que gozan de plena libertad gracias a la justicia, pese al elevado monto estafado.
Entre los procesados figura Elva Cristaldo, cuya prisión domiciliaria solicita la fiscal Llano, atendiendo que fue una pieza importante dentro del esquema, según el Ministerio Público. Además el juez solo estableció la fianza personal de G. 100 millones del defensor.
La fiscala solicitó a la Cámara que anule la resolución del magistrado.
También están procesados Valentín Antonio Acosta, Jorge Andrés Gallo Mendoza (nacionalidad argentina), Silvia Antonia Cristaldo, Antonio Federico Soler Arriola; Víctor Daniel Soler Arriola y Pedro Alcides Báez Paredes.
Pedro Augusto Guillén Tellechea, funcionario nombrado de la Subsecretaría de Tributación, también figura entre los imputados.
El encausado Valentín Acosta Araújo se encuentra prófugo de la justicia.
La fiscala Llano insiste en que no corresponde que ninguno de los imputados goce de libertad ambulatoria, debido a la gravedad del daño ocasionado al Estado y a la empresas privadas que fueron estafadas.
Ahora, el caso será analizado por la Cámara.
LOS ANTECEDENTES
Con complicidad de dos funcionarios del Ministerio de Hacienda (Pedro Guillén y Fabio Gaona), los representantes de las empresas Doris, OVD SRL y DNV SRL intentaron estafar a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la suma de G. 51 mil millones, mediante la creación de créditos fiscales inexistentes, a través del sistema Marangatú.
De los G. 51.000 millones del supuesto crédito fiscal que se adjudicaron las empresas citadas más arriba, por G. 30.000 millones vendieron “crédito” a la Cooperativa Colonias Unidas, que llegó a pagar y por G. 14.000 millones a Cerpevar. En este último caso incluso se llegó a emitir el cheque, pero no se pudo cobrar.