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El fiscal adjunto de Alto Paraná, Alejo Vera y los fiscales Raquel Fernández, Mónica Larrosa, Aldo Moreira (actual juez de Ejecución), Elvio Aguilera y Carolina Gadea y la jueza Evangelina Villalba declararon la semana pasada ante los miembros del Jurado. Cada una explicó su actuación en la investigación de un hecho de homicidio y el tráfico de 3.000 kilos de marihuana, que se registró el 4 de octubre de 2015 a orillas del Lago Itaipú, Colonia Puerto Indio, distrito de Mbarakaju.
Fernández, quien fue la primera que intervino en el caso, explicó que se realizaron las diligencias para juntar la mayor cantidad de evidencia posible a fin de castigar a los implicados. Refirió que, entre otras cosas, se incautaron los celulares a las personas que estuvieron en el lugar del hecho, para ser remitidos al Laboratorio Forense del Ministerio Público. Todos los aparatos estaban en excelentes condiciones.
Sin embargo, los que fueron remitidos para la pericia ya tenían algunos desperfectos, lo que hace presumir que los mismos se habrían cambiaron. Por otro lado, la agente admitió ante los miembros del órgano juzgador que en su momento le ofrecieron dinero para fraguar pruebas y dejar impunes los hechos punibles. Empero, aseguró que siguió con las diligencias y que su actuación puede ser corroborada en el expediente.
La fiscala Mónica Larrosa también intervino en la causa y fue la que solicitó el sobreseimiento definitivo de los involucrados. Incluso pidió la abreviación de plazo para blanquear a los sospechosos. Es por ello que la actuación de Larrosa está en la mira del Jurado.
Larrosa, según nuestras fuentes, no pudo justificar su actuación y sus explicaciones no habrían convencido a los miembros del órgano juzgador. La jueza Evangelina Villalba es la que salió bien parada, considerando que fue la que se opuso al sobreseimiento definitivo y remitió el caso a Vera, quien rectificó el pedido de desvinculación de los procesados y solicitó juicio oral. Además reasignó en la causa a la fiscala Carolina Gadea, quien defendió la acusación. En la audiencia oral solicitó 15 para el policía Diosnel López González, acusado por homicidio y tráfico de 3.116 kilos de marihuana, y 7 años de penitenciaría para Prisco Villar González, procesado por tráfico.
Sin embargo, las juezas de Ciudad del Este, Norma Girala, Carmen Barrios (ya renunció) y Mirta Aguayo absolvieron a los involucrados. Las magistradas solo habrían valorado las pruebas de descargo para beneficiar a los acusados por la fiscalía.
Girala y Aguayo también ya dieron su versión. En la sesión del martes pasado, la ministra Gladys Bareiro manifestó su molestia por la filtración de información de que supuestamente apoya a las juezas investigadas.
Bareiro además aclaró a los miembros que ella no apoya a nadie y que si hay evidencias ambas juezas tienen que ser enjuiciadas.
Según fuentes, el miembro Adrián Salas se tomó por aludido y luego de la reunión llamó a la ministra para aclararle que no fue él quien informó a la prensa sobre el tema.
A todos por igual
El Jurado recientemente enjuició y suspendió a las juezas Mónica Rivas, Haydee Barboza y Carmen Barrios. Las magistradas, en un juicio oral, liberaron a dos peruanos acusados de ingresar tres kilos de cocaína al país.
Se espera que el órgano juzgador actúe de igual forma en todos los casos y que sus miembros no protejan a ningún juez que viole la ley.
cbenitez@abc.com.py