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El 6 de febrero pasado, se realizó la audiencia preliminar para el presidente de frigorífico Concepción, Jair Antonio De Lima y otros procesados, que al principio fueron investigados por contrabando de carne, pero acusados finalmente por producción de documentos no auténticos.
De Lima y los demás acusados fueron condenados a realizar donaciones, pero 5 funcionarios de Aduanas fueron “extrañamente” sobreseídos definitivamente como dice la fiscala González en su escrito de apelación, por la magistrada.
Adán Di Giacomi Giménez (administrador de Aduanas cuando ocurrieron los hechos), Martínez Benítez Ruiz Díaz, Cecilio Núñez Saldívar, Rafael Salum Nayar Acuña y Óscar Prieto González, son los funcionarios beneficiados por Benítez Vallejo.
“El Juzgado Penal de Garantías realizó valoración de las pruebas para beneficiar a cinco acusados, arrogándose funciones propias de un Tribunal de Sentencia al valorar las pruebas y dar credibilidad a la pretensión de los defensores. Sin embargo, por otro lado, resolvió elevar la causa a juicio oral respecto al acusado Pedro Jara Pérez (también funcionario de Aduanas), con lo cual se evidencia la contradicción a la que incurrió la jueza”, manifestó en su escrito de apelación la fiscala González, quien solicitó la nulidad del sobreseimiento definitivo de los aduaneros.
Según la agente del Ministerio Público, la jueza se basó en lo dicho por los defensores que “no condice en absoluto con la situación procesal de los acusados, atendiendo que la fiscalía cuenta con elementos suficientes para sostener su postura en un eventual juicio oral”.
Para González, la resolución de la magistrada Benítez Vallejo no es producto de un razonamiento lógico. “Es incongruente, no tiene fundamentos sino son meras transcripciones de lo dicho por los defensores, así como citas de doctrinas. Se podrá advertir del fallo hoy cuestionado, que el órgano jurisdiccional no ha expuesto fundamente las razones y los motivos por los cuales ha considerado sobreseer a cinco acusados, mientras con los mismos argumentos eleva la causa a juicio oral respecto a uno”, enfatizó.
Según el acta de la audiencia preliminar, los abogados Rubén Galeano (Presidente del Colegio de Abogados del Paraguay) y Jazmín Acosta Britto plantearon el sobreseimiento definitivo de Cecilio Núñez Saldívar, Salum Nayar Acuña y Oscar Prieto González. Los mismos dijeron que sus defendidos fueron acusados como cómplices de la producción de documentos no auténticos (que se usaron para ingresar carne de contrabando.
Los abogados señalaron que la fiscalía no individualizó de manera precisa los documentos supuestamente falsificados, “ni explicó cuando y como nuestros representados habrían ayudado al uso de los documentos apócrifos”. También cuestionaron el hecho de que la fiscalía no agregó la pericia de los documentos.
Enfatizaron, entre otras cosas, que se pretende sostener la falsedad de los documentos con base en la denuncia del entonces titular de Senacsa, Hugo Idoyaga.
Los defensores, en caso de que la jueza no haga lugar al sobreseimiento definitivo propusieron que los clientes donen G. 5 millones cada uno. Sin embargo, el argumento de los abogados “convenció” a la jueza, pero no así a la fiscala que ahora solicita a la Cámara que anule la decisión judicial.
El sobreseimiento definitivo de Adán Digia Giacomo Giménez fue planteado por los abogados Saturnino Ocampos y Marcos López, y también fue otorgado por la magistrada Benítez Vallejo.
Antecedentes
El 2 de mayo del año pasado, siendo las 23 horas aproximadamente, en el puesto de control policial Nº 8, de Concepción, kilómetro 4 ruta General Rafael Franco, personal policial del Departamento de Lucha contra el Abigeato verificó seis vehículos refrigerados. Los conductores al ser requeridos sobre el producto que transportaban dijeron que era carne de procedencia brasilera, perteneciente al Frigorífico Concepción.
Los choferes exhibieron documentos de supuestos despachos aduaneros de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, sin sello ni firma de los encargados de dicha oficina aduanera ni de Senacsa, de acuerdo a las constancias del cuaderno de investigación fiscal.
Luego tomó intervención el fiscal de Concepción, Celso Morales, así como César Augusto Dos Santos Toledo, gerente de la empresa transportadora. Posteriormente, el agente del Ministerio Público dispuso que los camiones sean trasladados al predio del Frigorífico Concepción para la verificación, que se realizó el 3 de mayo.
El 7 de mayo, Hugo Idoyaga, entonces presidente de Senacsa, informó que conforme a registros oficiales los productos no contaban con documentaciones sanitarias requeridas por Senacsa para su importación.
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