Fiscala accionó contra la Superintendencia del BCP

La fiscala Gladys González, de Lambaré, promovió un hábeas data contra la Superintendencia del Bancos del BCP y logró que una jueza pida a la entidad informes sobre una investigación en su contra. La fiscala es esposa de Carlos Sosa Palmerola, principal imputado por el vaciamiento de la Financiera Ára.

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El hábeas data quedó a cargo de la jueza penal de la adolescencia de la Capital, primer turno, Edith Coronel Alen, quien emplazó por el término de tres días a la fiscala anticorrupción Nadine Portillo para que le informe si tiene a su cargo una investigación promovida por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay contra la fiscala Nadine Portillo.

La fiscala Nadine Portillo, junto a su colega Yolanda Portillo, lleva adelante desde el año pasado la investigación del vaciamiento de la Financiera Ára, en la que como principal imputado figura Carlos Sosa Palmerola, esposo de Gladys González, según los papeles judiciales.

En la información requerida se deben dar detalles sobre la causa abierta, así como revelar la autorización del juez que habría dado luz verde a las pesquisas sobre presuntas actividades financieras de quien promovió el recurso. Así lo advierte la intimación escrita de la jueza Coronel Alen, quien firmó el emplazamiento el pasado jueves 10 de marzo.

La fiscala Gladys González promovió el hábeas data después de haberse enterado de que, supuestamente, su colega anticorrupción Nadine Portillo dio trámite a una pesquisa en la Superintendencia de Bancos del BCP acerca de presuntas actividades financieras y cuentas en bancos de plaza de la fiscala esposa de Sosa Palmerola.

La acción promovida por la agente fiscal González se produce en momentos que el proceso sobre el vaciamiento de 14,3 millones de dólares de la Financiera Ára permanece paralizado desde el 15 de diciembre del 2015 tras una cadena de inhibiciones de magistrados en tribunales de segunda instancia judicial en donde los camaristas deben dictar resoluciones que permitan la reactivación del caso.

Igualmente, en segunda instancia los camaristas deben resolver recusaciones planteadas en primera instancia, así como numerosas diligencias que fueron planteadas por las fiscalas Nadine Portillo y Yolanda Portillo, investigadoras del vaciamiento.

Las inhibiciones imposibilitan la integración del tribunal que debe atender el caso, y el único magistrado que aceptó entender en el caso es el camarista Carmelo Castiglioni.

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