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Anteriormente, fueron recusados tres fiscales, José dos Santos, Martín Cabrera y Josefina Aghemo.
Esta causa tiene que ver con las supuestas indemnizaciones irregulares a 17 locatarios de la franja de dominio de la línea 500 kV, que une Itaipú y Presidente Hayes, y el presunto perjuicio de G. 9.451.992.829.
El fiscal Luis Piñánez había solicitado una prórroga de tres meses y el plazo se cumple el próximo 10 de agosto. El agente, para cumplir con el ejercicio de la defensa, empezó a convocar a los imputados a declaraciones indagatorias.
El abogado Claudio Vera Larroza representa a Sosa Heisele y, según el mismo, el fiscal dejó de lado solicitudes de diligencias pendientes para “profundizar” la pesquisa y solo se limitó a citar a audiencias indagatorias casi de manera “desesperada”.
Respecto a Federico Espinoza, el procesado dice que tiene una “predisposición negativa”, y no trata, no estudió los específicos planteamientos que hizo, sino procedió a rechazarlos “mediante frases rutinarias, sin un contenido específico”.
Esto se trataría de una maniobra para buscar un fiscal a medida, según fuentes.
Según la imputación por lesión de confianza, a pesar de tener la autorización para ingresar a los inmuebles de los propietarios renuentes, Heisele autorizó el pago indebido de indemnizaciones, cuyos montos eran mayores que los fijados por el Departamento de Topografía de la ANDE y que con dicha acción causó un perjuicio patrimonial de G. 9.451.992.829. También están imputados Jacinto Bernal y la exasesora jurídica de la entidad Mónica Rodríguez.