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El agente pidió medidas alternativas a la prisión para Maldonado y su primo, que se desempeñaba como administrador de la ACIP. El juez que atenderá el caso es José Delmás.
Según el escrito fiscal, la Contraloría en un informe especial detectó un supuesto daño de G. 527.090.059 en los años 2013 y 2014.
Las irregularidades se cometieron de diferentes maneras. Una de las más graves tiene que ver con pagos de ayudas a los miembros, donde se constataron diferencias de G. 121.500.000 en el año 2013 y G. 53.200.000 en el 2014. Es citado el caso de Juan Robles, integrante del Coro Polifónico de Ciegos, quien aparece con un supuesto sueldo de G. 4.000.000, cuando apenas percibía G. 700.000 de forma bimestral.
A su vez, se citan cursos de capacitación y adiestramiento donde se “gastaron” G. 129.500.000 en 2013 y G. 85.200.000, en 2014, sin que existan constancias mínimas de que fueron llevados a cabo. También se dieron “pagos” de honorarios de G. 25 millones al abogado Alexis Manuel Duarte Vidallet, sin que se describa el “servicio prestado”. A su vez, se desembolsaron G. 25.000.000 y G. 22.000.000, solo en el año 2013, en concepto de “mantenimientos y reparación de los locales de la institución”, sin que se especifiquen las prestaciones.
Asimismo, saltaron compras de costilla de primera, carnaza de primera, vacío, chorizos, muslos de pollo, panchos, entre otros, por valor de G. 55.403.059 con la excusa de “alimentación gratuita a los funcionarios de forma permanente”, lo que es irregular.
Se constató también la diferencia de G. 6.187.000 en compra de alimentos del autoservice La Feria, cuando se contrastaron los comprobantes de la ACIP y del local comercial.
Igualmente, la asociación presentó facturas de pagos de un alquiler por un monto total de G. 3.600.000, que según la Subsecretaría de Tributación “no es un documento válido”.
A esto se suman compras de dos vehículos “fantasma”, la sospecha de elaboración de facturas truchas utilizando RUC de miembros de la asociación, y desvíos en la Federación Paraguaya de Deportes para Ciegos, cuyos montos aún no trascendieron.
Allanamiento del local
Según la imputación del fiscal René Fernández, a los miembros de la Asociación de Ciegos del Paraguay y a sus propios funcionarios se les hacían firmar comprobantes de “ayuda” y salarios sin presencia de personas videntes, por lo que estos desconocían los montos que realmente percibían. Una denunciante, Ana María Espinoza, tiene una deuda con el fisco de G. 4 millones, que desconocía. El que “manejaba” los RUC era Rolando Maldonado Lesme. Ayer Fernández procedió a allanar el local ubicado en Carreras Saguier N° 730 y Caazapá, del barrio Vista Alegre. En el lugar se incautó de evidencias, documentos y computadoras que serán analizados para una eventual ampliación de los hechos.