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El lugar allanado es de la comunidad aborigen Fortuna, del distrito de Curuguaty, donde los nativos denunciaron ante la prensa que desconocidos se encontraban depredando árboles con maquinaria pesada, como parte de tareas “de limpieza”.
Al llegar al sitio, el fiscal Romero solamente suspendió los trabajos realizados por Blas Ramírez, propietario de un inmueble de 30 hectáreas que adquirió y que pretende mecanizar para realizar cultivos de maíz, según dijo.
Los integrantes de la comunidad nativa cuestionaron al fiscal por no incautar la maquinaria que era usada para la tala de plantas.
La intervención, que contó con acompañamiento policial, se realizó al mediodía de ayer. En el lugar se pudo observar que se estaban realizando los trabajos de desmonte y se presume que habría daño ambiental en transgresión de la Ley de Deforestación Cero y/o falta de estudios de impacto ambiental.
El fiscal Romero fue designado en el cargo, y lo ejerce desde el pasado 7 de abril en la unidad 3 de Curuguaty, una región en la que constantemente existen denuncias de destrucción de bosques y tráfico de rollos de madera sin que se conozcan castigos por el delito.