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El agente de la Unidad de Delitos Económicos señaló que la resolución impugnada “obstaculiza las funciones del Ministerio Público, entre las que está la investigación de hechos puestos a su conocimiento”.
Agrega que el Tribunal de Apelación de Ciudad del Este, “so pretexto de la existencia de un proceso administrativo pendiente”, declaró la prejudicialidad del proceso a Urbieta.
Los camaristas Aniceto Amarilla y Miryan Meza de López dijeron que se tiene que parar el proceso penal hasta que la Subsecretaría de Tributación se expida sobre la falsedad o no de documentos supuestamente falsos, cuya autoría se atribuye al contador imputado.
“Toda la investigación y posterior acusación que le cupo desarrollar al Ministerio Público fue en base a la comisión de hechos punibles contra la prueba documental (producción de documentos no auténticos) y hechos punibles contra la seguridad de la convivencia de las personas (asociación criminal)”, explicó Cabrera en su presentación ante la Corte.
El artículo 268 de la Constitución establece que el Ministerio Público debe promover acción penal para defender el patrimonio público. “A nuestro criterio, esta defensa del patrimonio público de la que habla la propia Constitución no se limita a una tarea de investigación nada más; es obligación del Ministerio Público lograr las sanciones que correspondan cuando existen elementos de pruebas suficientes y exponerlas y defenderlas ante el órgano jurisdiccional. Todo esto la Cámara de Apelaciones a coartado con la resolución hoy impugnada”, expresó Cabrera.
El fiscal igualmente dejó en claro que Urbieta ya fue acusado, y que si se mantiene el fallo de la Cámara de Ciudad del Este, el juez de Garantías no va a poder convocar a una audiencia preliminar en la que deberá resolver si Urbieta afronta o no juicio oral por la producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
La Sala Constitucional de la Corte está integrada por los ministros Antonio Fretes, Miryam Peña y Gladys Bareiro de Módica.
El presidente de la máxima instancia judicial, Luis María Benítez Riera, había ordenado una auditoría a la gestión de los camaristas involucrados para saber si actuaron o no al margen de la ley para favorecer al supuesto cerebro de la evasión.
Por otro lado, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por el senador colorado Óscar González Daher, también tiene abierta una investigación, la cual ya fue dispuesta cuando Amarilla y Meza de López favorecieron con el arresto domiciliario al contador imputado.