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El miércoles pasado, Filizzola recusó a Torres Kirmser. El exministro no quiere que el magistrado integre la Sala Constitucional, que tiene que resolver las acciones de inconstitucionalidad que promovió para anular las acusaciones por la compra irregular de cuatro helicópteros para la Policía Nacional y por la sobrefacturación en la reparación de 23 comisarías.
“Considero fundamental hacer uso de mis facultades procesales de recusar al señor ministro Torres Kirmser en razón de que, como ciudadano, tengo derecho de ser juzgado por tribunales independientes e imparciales conforme lo establece la Constitución Nacional, los artículos 20, 21 y 31 del Código Procesal Civil y 50 del Código Procesal Penal”, dijo Filizzola en su escrito.
También le recordó al ministro que otra causal para que no atienda las acciones que promovió es que él había denunciado a todos los integrantes de la máxima instancia judicial que seguían afiliados al Partido Colorado, entre ellos Torres Kirmser.
Por otro lado, el lunes pasado, el fiscal adjunto Federico Espinoza presentó otra recusación contra el ministro César Garay, quien aceptó estudiar la acción que planteó Filizzola en el caso de los helicópteros. En este caso, la Sala Constitucional está integrada por Sindulfo Blanco, Garay y Torres K.
Recusaciones
Los antecedente revelan que, el 7 de agosto pasado, Espinoza ya recusó a los ministros Blanco, Garay y Óscar Bajac. Los acusó de tener interés en los procesos abiertos a Filizzola.
Espinoza explicó que los tres altos magistrados que conforman la Sala Constitucional están sometidos a juicio político y fueron acusados ante el Senado por la Cámara de Diputados, el 10 de diciembre de 2014, por mal desempeño en funciones. Agregó que uno de los representantes del Partido Democrático Progresista, la senadora Desirée Masi, anunció que su partido no acompañará el juicio.
Ambas partes, Fiscalía y Filizzola, hablan de una fuerte injerencia política.
Para el exministro del Interior, la presión para enviarlo a prisión viene de parte de Horacio Cartes. Mientras que, para el Ministerio Público, tres ministros enjuiciados políticamente se someten a los intereses de los senadores, que tienen que resolver sus remociones.