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La fiscala Sandra Quiñónez solicitó pena de 2 años, con suspensión de la ejecución de la condena para Gómez, mientras que para su pareja pidió un criterio de oportunidad.
En esta causa el fiscal Rogelio Ortúzar había imputado en un primer momento por el hecho punible de “detentación de armas de uso civil”, que tenía alta expectativa de pena (de 5 a 10 años de cárcel).
Luego, el juez Hugo Sosa Pasmor (interino de Otazú) varió por el atenuante del mismo tipo penal (hasta 5 años de pena).
Finalmente, el Ministerio Público indica que el empresario solo “transportó” armas de fuego en un camión particular, sin comunicar del hecho a la Dimabel.
Con relación a su esposa, Rosa Isabel Brizuela, refiere que solo 5 de las 42 armas que fueron incautadas en su poder no estaban registradas debidamente en la Dimabel.
El matrimonio aceptó donar proyectiles a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), como una reparación del daño.